El pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de violencia que se suscite hacia menores de edad en los centros educativos del país, pero se omitió incluir en los argumentos los informes y denuncias de abusos sexuales en planteles de preescolar en el país.
Durante la sesión ordinaria se destacó la importancia de esta reforma pero no se hizo alusión al informe de la Defensoría de los Derechos de la Infancia que señala que en los últimos años se han documentado y litigado al menos 20 casos de abuso sexual contra más de un centenar menores en escuelas públicas y privadas del país, sobre todo de nivel preescolar, donde participan maestros, maestras y trabajadores de los planteles.
La reforma turnada al Ejecutivo Federal establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendidas como el conjunto de instalaciones indispensables con que debe contarse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos.
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Asimismo, conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del país.
Implementar cursos de sensibilización y formación sobre igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos de violencia y cultura de la paz dirigidos a servidores públicos, personal administrativo y docente para que a través de ellos se evite la reproducción de roles estereotipados de género y se impulse la igualdad sustantiva.
Cabe destacar que en los argumentos de la reforma aproada por unanimidad no se hace alusión al informe “Es un Secreto. El Abuso. La Explotación Infantil en Escuelas” donde se denuncia que la Secretaría de Educación Pública ha sido omisa y guardado silencio ante las decenas de casos en escuelas públicas y cuando se detecta algún caso sólo cambia de escuela a los agresores sexuales.
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La reforma establece que las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.
Cabe destacar que la decena de senadores que participaron en el debate de todas las bancadas, entre otros Josefina Vázquez Mota, del PAN; Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano; Margarita Valdés, de Morena, no hicieron alusión al informe de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, sobre la existencia de redes al interior de las escuelas públicas y privadas que estarían explotando a los menores sexualmente y con fines de pornografía infantil .
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