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Para disminuir la comisión de delitos como secuestros y extorsiones, y quitarle a la delincuencia organizada una de sus herramientas de trabajo, el Senado de la República analiza la integración de un padrón naciona l de telefonía móvil.
Se trata de una minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tenga un padrón de usuarios de telefonía.
Esto supondría que para adquirir una tarjeta SIM o una línea telefónica en la modalidad pre pago, los usuarios tendrían que presentar una identificación, comprobante de domicilio.
La minuta contempla el uso de datos biométricos; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Consejería de la Presidencia de la República acordaron desechar el uso de datos biométricos para la identificación de los usuarios.
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De esta forma, sería posible tener registro de quién es el propietario de la línea telefónica de la cual se realicen llamadas de extorsión o secuestro.
En una reunión de trabajo con las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, alertó que los sistemas de prepago de telefonía son un grave peligro, debido a que no existe ningún requisito, ni control, lo que ha permitido a grupos criminales operar con gran flexibilidad.
"Buscamos que al igual que los esquemas de pago fijo, pueda haber un control. En el caso de secuestro se llegan a utilizar hasta 12 tarjetas SIM, que después son imposibles de rastrear porque los delincuentes se deshacen de ellas", señaló.
"Es fundamental poner un freno a la operación criminal a través de los sistemas de telefonía que no tienen ningún control ni trazabilidad. Buscamos que se tenga un registro, un padrón, para que sepamos quién está detrás de esas líneas”, apuntó.
En los argumentos en contra de esta iniciativa de reforma, tanto integrantes del IFT como representantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) criticaron que ya hubo una iniciativa parecida a través del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) que no funcionó puesto que al vencerse el plazo, 30% de los entonces 80 millones de usuarios de telefonía móvil nunca se registraron, y no había posibilidad de verificar los datos que proporcionaron quienes sí se registraron.
Una iniciativa de esta naturaleza haría mucho más complicado que las personas pudieran adquirir teléfonos en pre pago, que es la vía de comunicación más extendida en todo el país.
Mónica Guadalupe Chávez, de la CANIETI, reconoció que las llamadas de extorsión representan un grave problema y que constituyen el segundo delito del fuero local mas recurrente del país, cometido en 14 estados, cuya ganancia a la delincuencia en el 2018 fue de 12 millones de pesos.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruíz, de Acción Nacional, hizo un llamado para analizar técnicamente la propuesta, porque los delincuentes podrían utilizar dispositivos de otros países, como Guatemala y Estados Unidos.
“Porque cerraremos las puertas a los dispositivos nacionales, pero habrá un sin número de celulares extranjeros, con los que podrán delinquir”, consideró.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, expuso que son preocupantes los inconvenientes que han expresado los expertos, por lo que es necesario saber si esta reforma es viable para su operación económica y estructural.
Consideró que la propuesta para establecer un padrón que permitirá acceder a la información de geolocalización y datos biométricos de los usuarios de teléfonos móviles, se debe revisar a detalle para evitar que se lleve a los tribunales.
Ana de Saracho, también de la CANIETI, subrayó que no está comprobado que un registro de usuarios reduzca el delito de extorsión. Así, acotó, sucedió hace 10 años con la implementación del Registro Nacional de usuarios de Telefonía Móvil, que tampoco cumplió con este objetivo.
Además, dijo, aún no se cuenta con un sistema único de identificación a nivel nacional y el proyecto puede dar lugar otros delitos como el robo de celulares, la suplantación de identidad y el secuestro exprés.
Gabriel Székely, de la ANATEL, dijo que se acordó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y con la Consejería Jurídica de la Presidencia, un mecanismo alterno que alcanza los objetivos de la iniciativa, a través de la línea de denuncia 089, en materia de seguridad.
maot
