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Seis de los personajes más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto durante su mandato —incluso con algunos de ellos entabló amistad— se encuentran bajo la lupa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por acusaciones que tienen que ver con presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
La administración federal ha solicitado a la Interpol la búsqueda y detención, en 190 países, de uno de los hombres que formaron parte del primer círculo de Peña Nieto. Esto, mientras el exmandatario es investigado en Estados Unidos por supuestamente haber recibido sobornos para la compra-venta de la empresa Fertinal en 2015.
Así, están en la mira del gobierno los exsecretarios de Desarrollo Social, Rosario Robles; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; de Economía, Ildefonso Guajardo, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, además del general León Trauwitz, quien fue jefe de escoltas de Peña Nieto durante su gestión al frente del Estado de México y jefe de Seguridad de Pemex, así como Juan Collado, quien fue abogado del priista.
Ildefonso Guajardo se encargó en el periodo de transición de los acercamientos comerciales del que sería el nuevo gobierno con otras naciones. Robles se hizo cargo del diseño de la política social del pasado gobierno y fue defendida por Peña Nieto ante ataques de la oposición. Juan Collado divorció al exmandatario de Angélica Rivera.
Especialistas en temas políticos consideraron que, con las órdenes de aprehensión y el buscar hacer justicia contra colaboradores cercanos a Peña Nieto, el gobierno denota que se cumple la promesa de López Obrador sobre combatir la corrupción, y aseguraron que se está tejiendo un cerco a los excolaboradores.
Lozoya, con más acusaciones. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es quien más número de señalamientos tiene, pues se le acusa de supuesta asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, e incluso es el único que tiene orden de aprehensión por la Interpol, para ser buscado en 190 países, por presuntamente haber aceptado sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
Lozoya Austin también tiene acusaciones por la compra-venta de las plantas chatarras de Fertinal y Agronitrogenados, que generó la pérdida de millones de pesos para el Estado. En mayo pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por 10 años por no haber informado de cuentas y saldos bancarios en su declaración patrimonial y de conflicto de interés.
Tras difundirse que el Consejo de Administración de Pemex era investigado por el caso Agronitrogenados, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que lo citara a declarar por la compra de esta planta.
El también exgobernador de Quintana Roo dijo que es su derecho ser informado “sin demora y de manera detallada” del contenido de las investigaciones que le haga la autoridad. Añadió que es su voluntad colaborar para que la pesquisa se lleve de manera objetiva e imparcial.
“Cabe mencionar que tengo más de 45 años de trayectoria pública al servicio de los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel local y federal, siempre actuando de buena fe, con estricto apego a la ley y a los principios de honestidad y honradez que norman mi conducta”, refirió.
Al igual que Coldwell, el exsecretario de Economía (SE) se puso a disposición de las autoridades para informar del papel de esa dependencia durante el periodo en el que se desempeñó como parte del Consejo de Administración de Pemex.
“Por diversos medios se me ha mencionado en relación a la responsabilidad que como secretario de Economía tuve en el Consejo de Administración de Pemex.
“Manifiesto mi disposición a informar el papel de la SE durante el periodo de mi responsabilidad en dicho Consejo”, precisó Guajardo Villarreal. Hasta el momento, ninguno de los dos exsecretarios ha sido citado para comparecer por estas acusaciones y tampoco hay algún requerimiento judicial en su contra.
Otra colaboradora del exjefe de Estado mexicano es Rosario Robles, quien fungió como titular de la Sedesol y Sedatu. Este lunes se dio a conocer que la FGR busca imputarla y vincularla a proceso por el caso de la Estafa maestra.
El general León Trauwitz es otro de los servidores públicos que mantiene un proceso judicial ante las autoridades mexicanas. El militar se encuentra bajo investigación por presuntamente ser parte de una red de robo de combustible desde la empresa petrolera.
El 9 de julio, Juan Collado —quien en mayo pasado tuvo como invitado al expresidente Peña Nieto en la fiesta de la boda de su hija— fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República al estar acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Cerco a excolaboradores. En entrevistas por separado, los politólogos José Antonio Crespo, Alberto Aziz y Ulises Corona consideraron que la justicia de la Fiscalía General de la República y de la administración de López Obrador no debe ser selectiva, y si hay elementos contra el expresidente Enrique Peña, se debe llegar hasta él.
“Pareciera que el perdón era un discurso nada más. La FGR está atendiendo los expedientes que había y sobre éstos se hallaba uno bastante importante [la Estafa maestra y Rosario Robles]”, dijo Alberto Aziz, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
“Podría [López Obrador] estar incumpliendo un acuerdo de impunidad que habría hecho con el gobierno de Peña Nieto al decir que no iba a tocar [a los exservidores], aunque luego dice: ‘Bueno, las investigaciones que ya estén abiertas, pues esas que den curso’. Aquí la pregunta es si piensa llegar sólo a ese nivel de Lozoya o de Rosario Robles, o eventualmente puede llegar a Peña Nieto”, opinó José Antonio Crespo, analista político y profesor del CIDE.
“La fiscalía tiene que construir estos expedientes de forma adecuada para que no sean rebasados por un buen litigio de un abogado, que esto es lo que también sucedía mucho en el pasado, que se construían tan mal los expedientes que los jueces estaban en la obligación de echarlos para atrás y no pasaba nada, realmente ahí se seguía la inercia de la impunidad; si hay expedientes contra Enrique Peña Nieto, bueno, pues adelante”, explicó Alberto Aziz.
Rechazaron que haya una persecución política, pero consideraron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República deben armar bien las averiguaciones y los expedientes, pues puede salir contraproducente a su administración que busca combatir la corrupción, pero como le pasó a gobiernos anteriores (panistas), no termina en nada.
“Es importante que en todo momento esté garantizado el libre proceso y la vigencia del Estado de derecho, es decir, que no sea una vendetta, porque me cayó gordo, porque me vio mal, porque era experredista o me vio feo; es decir, que sea justicia con la ley y no con el hígado, y en eso muchos morenistas son especialistas”, destacó Ulises Corona, politólogo de la UNAM.
