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A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, los familiares de las víctimas y sus asesores legales consideraron que será complicado tener una versión exacta sobre cómo ocurrió este crimen, por lo que su prioridad es que se castigue a los responsables de estos hechos y se dé con el paradero de los jóvenes.
Los abogados del caso reconocen que este año ha tenido muchos avances que facilitarán el acceso a la justicia para los padres de los normalistas, pero la gran cantidad de personas implicadas en el crimen, así como el tiempo que ha pasado, hace que cada vez sea más difícil conocer cuál fue la verdadera historia de la desaparición de los normalistas.
“Para las familias lo fundamental no es que haya una nueva versión, incluso reconocen que será difícil tener una versión que momento a momento reconstruya todo lo sucedido, a seis años eso es difícil, más bien lo que quieren es que se castigue a quienes cometieron el delito, los que manipularon la investigación y que se esclarezca el paradero con pruebas científicas”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El director del Centro Prodh, una de las organizaciones que ha asesorado legalmente a los padres de las víctimas, destacó que este año ha sido de avances en el ámbito del acceso a la justicia, aunque aún quedan muchos pendientes por delante.
En marzo, por ejemplo, se informó que la Interpol giró una ficha roja para buscar en más de 190 países a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a quien se le acusa de manipular la investigación de la desaparición de los estudiantes.
De igual forma, Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial, se entregó a las autoridades y se le abrió un proceso penal por el delito de tortura en contra de Carlos Canto Salgado, uno de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa.
También se vinculó a proceso a Blanca Alicia Bernal Castilla, exagente del Ministerio Público Federal, quien participó en la construcción de la llamada Verdad Histórica, con la cual el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto afirmó que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, y luego sus cenizas fueron arrojadas al Río San Juan.
Un descubrimiento que ocurrió este año y que echó abajo la verdad histórica, según los abogados del caso y las mismas autoridades actuales, es la identificación de un resto óseo de Christian Rodríguez Telumbre.
Un hueso del pie derecho de Rodríguez Telumbre fue encontrado en la Barranca de La Carnicería, ubicada a 800 metros de distancia del basurero donde la extinta Procuraduría General de la República (PGR) dijo que habían sido incinerados los cuerpos.
A pesar de estos avances, Aguirre insistió en que los familiares de los normalistas “no estarían a la expectativa de que se genere una nueva versión explicativa, cuando ellos consideran que lo que tendría que concretar el compromiso de esclarecimiento es verdad, justicia y paradero”.
Por otra parte, Vidulfo Rosales, otro abogado del caso, reconoció que a seis años de haber ocurrido los hechos “el sentir es de mucho dolor por parte de los padres de familia, mucha impotencia de no tener resultados tangibles y concretos, pero con la esperanza de que las cosas pueden caminar con este gobierno”.
Entrevistado por EL UNIVERSAL, luego de un mitin en la Ciudad de México, Rosales destacó que uno de los principales motivos por los que el caso se mantiene impune es porque está dividido en juzgados de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Tamaulipas, donde se toman determinaciones con distintos criterios.
El dolor permanece
Joaquina García Velázquez recuerda cuando su hijo Martín Sánchez García, uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, le prometió que después de estudiar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la iba a sacar de trabajar.
Martín tenía 20 años cuando decidió salir de la comunidad de Zumpango del Río en el municipio de Eduardo Neri para ir a estudiar, sin saber que no volvería a ver a sus padres y los amigos con los que siempre jugaba futbol.
Doña Joaquina ha recorrido el país y algunas zonas de Estados Unidos para seguir exigiendo justicia a las autoridades, ya que a ella le importa que le digan el paradero de su hijo y no cuántas personas han sido detenidas.
“Como madre te duele no poder hacer nada, llevamos casi seis años y no tenemos nada, es un sufrimiento terrible, hay noches en las que no podemos dormir por la angustia”. Y aunque han pasado seis años del crimen, insiste en que mantiene la esperanza de ver a su hijo con vida.
