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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Las cifras de homicidios dolosos que se tendrán en noviembre y diciembre indican que la violencia en México podría superar la de años históricos como 2011, asegura Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, quien agrega que esta situación es diferente al contexto de aquel año, hoy hay situaciones que “esporádicamente” han regresado, como el “levantón”, que eran parte de lo cotidiano, pero actualmente no.
Para el comisionado, “una es la situación de violencia y otra la incidencia delictiva. Una es la percepción del delito y otra el ilícito.
“Estamos con más homicidios dolosos, pero habrá que ver si estamos en la situación de violencia que es diferente, a la que nos encontrábamos en esos años [2010-2011]. Recordamos muy bien cómo estábamos en esas fechas y la situación de ahora no tiene nada que ver. Probablemente el número sea superior o igual, pero la situación y el contexto no”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL.
“No se ha superado la cifra. Con noviembre y diciembre podemos superarlas. Vamos a ver qué pasa en noviembre, sé que ha disminuido y esperemos que diciembre siga y el año que viene también”.
Dice que la tendencia en el número de homicidios se prevé a la baja, pero hoy basta un evento para que “todo se descomponga”.
A unos días de la aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, Sales Heredia afirma que ésta “se apega plenamente al texto constitucional (...) Nosotros estamos convencidos, después de revisarla, que es respetuosa del artículo primero de la Constitución, de respetar los derechos humanos”.
Entre los principios que destaca como claves en la ley, está el de la temporalidad para que las Fuerzas Armadas estén hasta un año enfrentando la situación de violencia, lo que genera un lapso preciso y el principio de gradualidad.
Califica que la situación que enfrenta el país, a partir del nuevo sistema de justicia, se puede considerar como de “Torre de Babel procesal” , porque la capacitación que se tiene es “inconexa y dispersa”, entre los diferentes actores.
¿Qué ha pasado con la estrategia en materia de seguridad?
—Son factores internos y externos que se suman a una situación que califico como una “Torre de Babel procesal” en lo que hace al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Estoy de acuerdo en que es el mejor de todos los sistemas, pero la capacitación fue inconexa, dispersa. El juez entiende una cosa, el agente del ministerio otra, el policía otra, el defensor, no hay un entendimiento claro.
¿Si noviembre llega a los 2 mil homicidios dolosos estaremos peor que en 2010 o 2011?
—Estamos con más homicidios dolosos, pero habrá que ver si estamos en la situación de violencia, que es diferente a la que nos encontrábamos en esos años. Recordamos muy bien cómo estábamos en esas fechas y la situación de ahora no tiene nada que ver. Probablemente el número sea superior o igual, pero la situación y el contexto no.
¿Entonces no podemos basarnos en las cifras?
—Son importantes, por supuesto, pero una es la situación de violencia y otra la incidencia delictiva, una es la percepción del delito y el ilícito. Hay lugares en los que la percepción y la realidad coinciden, pero en otros no tienen nada que ver.
¿En este sexenio coincide percepción con realidad?
—No, hay muchos lugares en los que no. Basta un evento para que todo se descomponga.
Vemos de nuevo cuerpos colgados en puentes, eso se había dejado.
—Bien lo dices, se había dejado y esporádicamente ha regresado. Antes se veía de manera cotidiana. Antes la palabra levantón en algunos municipios era parte de lo cotidiano, ahora sí se dan, pero no es parte de lo cotidiano.
¿Entonces no estamos, aunque supere la cifra de homicidios, como en esos años (2010-2011)?
—Primero, no se ha superado la cifra. Con noviembre y diciembre podemos superarlas. Vamos a ver qué pasa en noviembre, sé que ha disminuido y esperemos que diciembre siga y el año que viene también.
¿Los estados están dejando de lado a sus policías?
—De esto se trata, que no dejen de lado a sus policías y el quinto transitorio de la ley plantea la necesidad de fortalecer modelos policiales óptimos. Vas a solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o Policía Federal, entonces en ese año que estarán [operando en esos estados] están comprometidos a destinar presupuesto para fortalecer a sus policías.
¿Qué nos puede decir de la decisión del Presidente de promulgar la Ley de Seguridad Interior?
—La promulgación es acertada y la decisión de no decretar la declaratoria de seguridad interior hasta en tanto la Suprema Corte no determine el pleno apego de la ley a la Constitución es absolutamente correcta. Esto genera la posibilidad de ampliar el diálogo con las organizaciones no gubernamentales y de escuchar a los que no están conformes con la ley, como se ha hecho en otros asuntos que ha revisado la Suprema Corte.
La decisión involucra a los tres poderes, se siguió el proceso legislativo, se discutió, se aprobó, se promulgó, se publicó y ahora el Presidente está planteando la posibilidad de que se revise a partir de lo que ha señalado el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.
¿Se apega a la Constitución?
—En nuestra opinión, la ley se apega plenamente al texto constitucional, pero habrá que ver qué debaten los ministros y para que una acción de inconstitucionalidad prospere tiene que darse una votación calificada, esto significa ocho de los 11 ministros. Nosotros estamos convencidos, después de revisarla, que es respetuosa del artículo primero de la Constitución, de respetar los derechos humanos.
Vinculada a la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, habría que plantear una profunda reingeniería policial para estar de acuerdo con el artículo 21, el cual establece que son las autoridades civiles profesionales las que tienen que enfrentar el tema de la inseguridad; sin embargo, no se puede prescindir de las Fuerzas Armadas en lugares en los que los narcotraficantes se han adueñado de parte del territorio.
¿Qué destaca de la Ley de Seguridad Interior?
—Hay tres principios que son claves en la ley: la temporalidad para que las Fuerzas Armadas estén hasta un año, esto genera un lapso preciso y el principio de gradualidad, esto es, no se irán las Fuerzas Armadas hasta en tanto las fuerzas estatales no sean capaces de enfrentar la problemática.
[En segundo lugar] el principio de subsidiareidad, el hecho de que las Fuerzas Armadas atiendan una situación vinculada con problemas relacionados con seguridad interior no implica que sustituyan a las autoridades estatales o que se coloquen en el papel del Ministerio Público investigador, que indaguen fraudes, robos,
Seguridad interior tiene que ver con problemas relacionados con bandas de la delincuencia organizada, armas de alto poder, grupos de narcotraficantes tratándose de apoderar de espacios del territorio nacional y por eso es que se plantea como una variante de la seguridad nacional.
Lo que hace la ley es reglamentar una facultad del Presidente de la República, contemplada en el artículo 89 de la Constitución, que dice que el Ejecutivo Federal podrá disponer de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad nacional.
Se está corresponsabilizando a las entidades federativas para construir policías y fortalecerlas. Hemos insistido en que es necesario preguntarnos por qué los estados no han sido capaces de construir sólidas y confiables policías.
Una de las respuestas, aunque se burlen algunos intelectuales, es que el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución trata en forma paradójica a policías, peritos y agentes del Ministerio Público. Permite la aplicación retroactiva en perjuicio de sus operadores del sistema de justicia penal, porque el artículo dice que podrán ser expulsados de las corporaciones conforme a la ley vigente al momento de la remoción.
¿Cómo construimos policías sólidas, confiables, con perspectiva de futuro, si el modelo de selección y permanencia está basado en ese artículo paradójicamente inconstitucional?
Regresando a la inseguridad...
—Hay diversos factores que influyen en este momento en la situación de inseguridad que vivimos, la incidencia creciente en homicidios dolosos es una. Otra causa, pero externa, es la demanda de opiáceos por parte de los estadounidenses y el flujo de armas que provienen de Estados Unidos.
El 85% de sus armerías están en los estados que hacen frontera con México y se calcula que ingresan al país, cuando menos 2 mil armas diarias provenientes de Estados Unidos.
Otro tema externo que poco se conoce es que las FARC y el gobierno colombiano se sentaron a dialogar, pero una de las condiciones de las FARC para sentarse fue que se dejara de fumigar las plantas de coca, entonces tenemos tres años sin erradicar, lo que los mismos estadounidenses califican como un tsunami de cocaína en Latinoamérica, hay muchísima coca que pasa por México y se va a Estados Unidos. Factores internos como inestabilidad política, el cambio en más de 20 gobiernos estatales, la fragilidad de policías municipales, que ganan en promedio 5 mil pesos al mes.
¿Por qué hay una parte de organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la ley?
—Algunas hacen eco de lo que sucedió en países como Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, donde el ejército tomó el poder, dio golpe de Estado, pero México no es el caso, el Ejército mexicano es totalmente distinto, es popular, democrático, apreciado y respetado por la población.