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Desde que empezó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Policía Federal (PF) y las Fuerzas Armadas han sido agredidas en 106 ocasiones por grupos del crimen organizado en 53 municipios.
Dichas localidades están ubicadas en 17 estados de la República; sin embargo, 47% de las agresiones contra las Fuerzas Armadas se han concentrado en Tamaulipas.
En Reynosa, 13; en Camargo, seis; en Matamoros, cinco; en Miguel Alemán, tres, y al menos uno en Aldama, González, Nueva Ciudad Guerrero y San Fernando, Tamaulipas.
De esta manera, Tamaulipas no sólo es la entidad donde más combates se han registrado, sino que posee los cuatro municipios en los que las fuerzas federales de seguridad han tenido que intervenir más ante la amenaza del crimen organizado.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también sirven para contextualizar la realidad de Tamaulipas: en los primeros meses de 2019 han sucedido 471 homicidios, 4 mil 519 casos de robo y 74 hechos relacionados con el narcomenudeo.
Sin embargo, no sólo en ese estado los presuntos grupos criminales han atacado a la fuerzas de seguridad; en los municipios de Otumba, Estado de México, y Celaya, Guanajuato, se han registrado seis enfrentamientos.
La misma situación ocurrió 18 veces en Acámbaro, Guanajuato; Petatlán, Guerrero; Buenavista y Múgica, Michoacán; Esperanza, Puebla; Guamúchil, Sinaloa; Yécora y Navojoa, Sonora, y Huimanguillo, Tabasco.
Mientras el resto de los combates se han distribuido en otros 33 municipios diferentes, se indicó.
La misma información obtenida por esta casa editorial, desglosada día por día desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta marzo de este año, revela que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han participado en ocho de cada 10 disputas.
En tanto que la Semar sólo ha tenido participación en tres refriegas, y la Policía Federal lo ha hecho en 23 ocasiones.
Sangre derramada. El 31 de diciembre de 2018 ha sido la fecha más oscura para el Ejército desde que inició la actual administración; en ese día un convoy de la Sedena se encontraba en un rondín en Huimanguillo, Tabasco, cuando un grupo de presuntos huachicoleros lo emboscó hasta dejar cinco heridos y un militar muerto.
En total, los choques entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y las autoridades han dejado un saldo de al menos 18 personas fallecidas y 38 lesionadas.
El Ejército es la institución que más se ha visto afectada, con 29 militares lesionados y cuatro asesinados, en el caso de la Semar han sido tres lesionados y un muerto, y en la Policía Federal se registró el deceso de cuatro elementos y otros seis heridos.
Respecto al crimen organizado, los datos oficiales destacan que nueve de sus presuntos integrantes perdieron la vida tras participar en batallas con las fuerzas del orden; siete fallecieron a manos de la Policía Federal y dos por ataques de la Marina.
Sobre el número de civiles abatidos y lesionados, la Sedena no proporcionó información, y argumentó que “a partir de abril de 2014 esta secretaría ya no da continuidad a la estadística sobre este rubro, haciéndolo actualmente la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Esta respuesta fue dada a pesar de que hace dos meses el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa informar cuántos civiles han sido detenidos, muertos y heridos por haber participado en un enfrentamiento con militares desde dicho año.
Esta resolución se dio luego de que un grupo de académicos, periodistas y organizaciones sociales interpusieron un recurso de revisión en el Inai tras el rechazo del Ejército a proporcionar esos datos.
