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El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para combatir el robo de hidrocarburos y evitar con ello las millonarias pérdidas económicas que registra Petróleos Mexicanos (Pemex) por este ilícito, así como otras empresas dedicadas a la distribución de combustibles.
El diputado del tricolor, Alejandro Juraidini Villaseñor, dijo que la propuesta busca modificar la ley para que la Comisión Reguladora de Energía suspenda o revoque el permiso a las empresas que compren el producto a los llamados “huachicoleros”.
Esto en razón de que el robo de combustible no debe tratarse como cualquier otro crimen ya que involucra demasiado a la sociedad, destruye el tejido social y es considerado un delito muy grave que afecta a Pemex y a otros distribuidores como son: Chevron-Texaco, Gulf México, Oxxo Gas, La Gas/Lodemo, Grupo Eco, Grupo Hidrosina, Petro 7, ExxonMobil, Shell, Glencore, Walmart, Costco y también al país en general.
Juraidini Villaseñor destacó que de acuerdo con un informe oficial de Pemex, de 2011 al 2016 se reportó una sustracción ilegal de 755 mil 869 litros de distintos productos que son trasladados a través de sus ductos, lo que generó un quebranto patrimonial de 6 mil millones 395 mil pesos.
Precisó que las principales afectaciones son económicas por los daños a su red de ductos, ya que en ese mismo periodo se sumó un quebranto de mil 783 millones de pesos en las regiones poblanas de Tehuacán, Huauchinango, Cholula, Ciudad Serdán y San Martín Texmelucan, en Puebla.
La iniciativa resalta que en la compra de combustibles (gasolina, diésel, gas licuado de petróleo) que sean robados por parte de gasolineras, asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos, se les suspenderá o revocará el permiso otorgado por parte de la Comisión Reguladora de Energía para vender o distribuir hidrocarburos.
El pasado 14 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó sancionar el robo de hidrocarburos por parte de particulares que participan en la industria petrolera, así como en el mercado ilícito de la venta emanada por la extracción ilegal de combustible.
Lo anterior, debido a que impacta en el mercado formal, además de que algunos distribuidores de gasolinas adquieren combustible robado a precios menores, afectando con ello a la industria y sobre todo al erario público.
El dictamen señala que los distribuidores aprovechan lagunas legales, involucrando a personas físicas o jurídicas con actividades reguladas de transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles, quienes vulnerando los sistemas de medición y control, crean esquemas de lucro indebido.
Las reformas que fueron remitidas al Senado, establecen que los contribuyentes que participan en la cadena de valor de la industria petrolera, como fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y enajenación de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, tendrán la obligación de llevar controles volumétricos.
