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El magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, negó en el juicio de amparo 46/2017 la protección de la justicia federal a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, y determinó que es constitucional y apegado al Código Nacional de Procedimientos Penales el auto de vinculación a proceso que le fue dictado.

Duarte fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se señaló que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público revelan hasta el momento que existió una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos del gobierno de Veracruz, mismos que fueron dispersados a través de distintas acciones, con el objetivo de ocultar su origen ilícito.

La resolución del magistrado precisa que se desestimaron las razones por las cuales Duarte de Ochoa argumentaba que sus derechos habían sido violados en la audiencia en la que se le vinculó a proceso.

El magistrado Paredes Calderón determinó que “existen elementos suficientes para continuar con la investigación” que se realiza en contra del ex gobernador de Veracruz por los delitos señalados.

Según las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el hecho de que se le haya vinculado a proceso y negado el amparo no prejuzga sobre la culpabilidad de Duarte, puesto que precisamente en el desarrollo de la investigación podrá ofrecer pruebas para desvirtuar los señalamientos que existen en su contra.

Luego de más de seis meses de permanecer prófugo de la justicia, el ex gobernador priísta fue aprehendido en Guatemala por la Procuraduría General de la República (PGR), en colaboración con la Policía Nacional Civil de ese país.

Javier Duarte fue gobernador de Veracruz en el periodo 2010-2016, cargo que dejó inconcluso al pedir licencia el 12 de octubre de 2016, en medio de cuestionamientos sobre desvíos en su administración.

Poco después la Agencia de Investigación Criminal (AIC) emitió una orden de aprehensión en contra del ex mandatario estatal.

Javier Duarte fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán.

Llegó a vivir en las inmediaciones del Club de Golf de Xalapa, en una casa campestre de apenas dos plantas y cochera para dos automóviles, pero años después poseía nueve propiedades residenciales en los municipios de Boca del Río, Veracruz, Emiliano Zapata, Córdoba y un rancho cubierto por montañas, cerca de la cabecera municipal de Fortín de las Flores.

Duarte de Ochoa fue expulsado del PRI el 25 de octubre al no presentarse a una audiencia, después de que la PGR le liberara una orden de aprehensión por los delitos de peculado, lavado de dinero, desvío de recursos y delincuencia organizada.

Luego de esta negativa de amparo, el ex gobernador espera en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a que continúe el proceso en su contra, cuya audiencia inicial se espera para enero de 2018.

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