Hay “temor” en los ministerios públicos, policías, jueces, defensores públicos y privados de aplicar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio por falta de capacitación, alertó el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio de la Procuraduría General de la República (PGR), Rommel Moreno Manjarrez.
En el Congreso Internacional “Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal”, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el funcionario afirmó que el miedo a cometer un error y no saber cómo realizar un procedimiento, está presente en todos los operadores, sobre todo, consideró, en los juzgadores.
“Sobre todo me quisiera enfocar a la parte del juez. Hoy en este país, el juez en alguna manera en el principio de inmediación no tiene claro lo que significa la fundamentación y motivación desde el Sistema Acusatorio”, expuso.
En la mesa denominada ¿Quién teme al Código Nacional de Procedimientos Penales?, el ex procurador de Baja California comentó que los jueces son asesorados por un grupo de personas que valora lo que sucede durante las audiencias.
“Detrás de los jueces hay un staff que está valorando lo que sucede en la audiencia. El temor es: serán los jueces capaces de determinar si está ayuda, sin este staff, y prácticamente empezar a visualizarlos que en el principio de inmediación o los recesos que se dan en las audiencias serán necesarios”, fustigó.
Aunado a ello, el ex fiscal manifestó su preocupación en los policías, pues 400 mil elementos están pendientes de capacitar en la figura de primer respondiente.
“Y los asesores víctimales que son pocos los que están acudiendo a las audiencias. Aunado a ellos están los defensores públicos y privados, estos últimos participan poco en las audiencias y por la tanto hay un miedo natural ante la consistencia de los defensores públicos, que ha recibido más capacitación”, indicó.
Dijo que los ministerios públicos tienen miedo de aplicar criterios de oportunidad, “tomar decisiones y enfrentar las audiencias de juicio oral, porque no tienen las capacidades para hacer en todo caso una justificación de una solicitud ante el juez correspondiente en lo que concierne a la prisión preventiva oficiosa”.
Además, sostuvo, el desconocimiento entre la sociedad mexicana, acostumbrada a que todos los delitos se deben castigar con cárcel, genera rechazo a las nuevas normas jurídicas. “El mensaje del Código Nacional de Procedimientos Penales nunca ha llegado a los ciudadanos, lo que significa una deslegitimación, que viene desde la naturaleza misma de lo que plantea: la presunción de inocencia”, sostuvo.
En ese sentido, Moreno Manjarrez aseguró que los “juicios mediáticos” que se han dado en el país, no han permitido ver las fortalezas del Código Nacional de Procedimientos. “Cada vez que hay un enjuiciamiento, una audiencia pública, simple y sencillamente no se comprende porque en el gen de los mexicanos está que todo primeramente debe ir a prisión y por lo tanto con las nuevas figuras como los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios, no son entendidos”, comentó.
El funcionario hizo llamado a los operadores del sistema de justicia a centrarse en estos temas, pues de las 131 mil carpetas de investigación que se han iniciado bajo el nuevo sistema hasta el 30 de septiembre de este año, sólo el 0.24% se han resuelto en juicio oral.
afcl
