alberto.morales@eluniversal.com.mx
A dos meses de que se abrió un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó 22 observaciones a cuatro contratos relacionados con la construcción de esa obra que suman un monto de mil millones 34 mil pesos por probables irregularidades relacionadas principalmente con pagos excesivos y trabajos sin comprobación.
Al concluir una auditoría a la obra, donde tras el hundimiento de la carretera fallecieron dos personas, la dependencia que encabeza Arely Gómez determinó que hubo irregularidades en los procedimientos de licitación y adjudicación.
De acuerdo con la revisión hecha a través de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública y del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se encontraron trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra convenido, pagos en exceso, inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con la misma; inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto.
Halló omisiones a las recomendaciones técnicas durante la ejecución de los trabajos en el Km 93+857; deficiencias en el manejo y control de las bitácoras de obra y servicios relacionados con la misma, y falta en la elaboración del finiquito de contratos.
En uno de los contratos, el 2014-17-CE-D-062-W-00-2014, se refiere a la ampliación del Libramiento de Cuernavaca, en el que participan las constructoras Aldesem y Epccor, por mil 45 millones 857 mil 952 pesos.
La Función Pública expresó que la auditoría se inició en la Dirección General del Centro SCT Morelos. Durante su realización se amplió a la Dirección General de Desarrollo Carretero y a la Dirección General de Carreteras, ambas de la SCT.
Las tres áreas auditadas fueron notificadas de los resultados obtenidos y de acuerdo con la ley, tienen 45 días hábiles para atender los hallazgos detectados por la SFP.
La dependencia señaló que en caso de que identifique una conducta indebida de servidores públicos o no se atiendan las observaciones, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad correspondientes.
Esto independientemente de las investigaciones de la SFP a las empresas Aldesem y Epccor.
El pasado 6 de agosto, EL UNIVERSAL documentó que ambas tienen una historia de anomalías y experiencia “limitada” en carreteras. No obstante, se han beneficiado con la entrega de contratos de obra pública.
El pasado 6 de agosto, este diario documentó que Epccor, propiedad de la familia Gutiérrez Cortina, obtuvo 12 contratos entre 2012 y 2017, pese a su experiencia limitada en carreteras.
La firma es propiedad de los hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, dueño de Gutsa Infraestructura, inhabilitada en 2007 después de que la SFP determinó que actuó de manera negligente en las obras de reparación de la Autopista del Sol, que hubo un retraso de más de mil días en los trabajos y recibió pagos indebidos.
Por su parte, Aldesem forma parte de Grupo Aldesa, una de las 10 constructoras más grandes de España, que llegó a México en 2008.
De 2012 a 2017, Aldesem consiguió 21 contratos con el gobierno federal. Dos de cada cinco, con la SCT; con Caminos y Puentes obtuvo dos, y apenas este año consiguió uno de los más grandes: mil 242 millones 171 mil 349 pesos por la “Construcción del Edificio de la Torre de Control de Tráfico Aéreo del Nuevo Aeropuerto”.
Las investigaciones. La SFP por medio del Órgano Interno de Control (OIC) de la SCT inició siete investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades en las que pudieron haber incurrido servidores públicos en el Paso Exprés de Cuernavaca.
De estas investigaciones, dos provienen de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública de 2015, donde detectó pagos en exceso, por diferencia de volúmenes de obra y por no contar con autorizaciones al cambio de proyecto.
Producto de esos expedientes abiertos por el OIC de la SCT el 1 de agosto pasado, la SFP informó que indaga a tres servidores de la SCT por su probable “responsabilidad administrativa” en el caso. La SFP señaló que los servidores públicos habían acreditado una adecuada atención de las comunicaciones que advertían riesgos por la obra, y ante evidencia de “actuaciones negligentes”, se acreditó su probable responsabilidad.
