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Washington.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró este miércoles que la narrativa de la “verdad histórica” defendida por el gobierno mexicano para explicar lo sucedido en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa está “sepultada”, por lo que urgió al Estado a implementar inmediatamente la sentencia del tribunal de Tamaulipas y su orden de crear una comisión de la verdad.
Luego de más de tres años y medio desde el suceso que conmocionó a México y al mundo, del que todavía no hay respuesta, la CIDH exigió que la sentencia judicial “sea cumplida”, ya que “es inapelable y tiene fuerza de ejecución”, argumentó la comisionada relatora por México, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La resolución “trascendente” y “sin precedentes” es, según la comisionada, el reconocimiento del sistema judicial mexicano de la “necesidad de reconducir” las investigaciones para obtener “lo que la sociedad mexicana demanda y las víctimas exigen”.
“Reconoce la gravedad de las irregularidades que se dan en el proceso de investigación (…), lo que señala es que es insostenible esa posición”, enfatizó la relatora sobre una comisión que, en su opinión, “deberá estructurar la nueva teoría del caso”, presentar la nueva narrativa “autónoma, imparcial, independiente”, que deje de lado teorías como la del basurero de Cocula.
“La supuesta verdad histórica quedó sepultada (…) No era correcta”, sentenció por su parte el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, quien mostró empatía por los familiares de las víctimas, que se cansaron de escuchar las mismas explicaciones en foros hemisféricos por parte de las autoridades.
El jurista colombiano se mostró a la vez exasperado de que en más de tres años y medio “no exista un resultado fehaciente, algo que pueda decir que hay avances”.
Por otra parte, Arosemena expresó su deseo de que pase lo que pase en las elecciones y sea quien sea el próximo presidente mexicano no se afecte el trabajo que busca esclarecer qué pasó en Iguala.
“Lo que importa es que el Estado asuma esta responsabilidad de justicia y de verdad, y esperamos que ésta [la elección] no sea la circunstancia que vaya a determinar la continuidad de un proceso de la magnitud que aquí se ha señalado, un caso emblemático que no sólo es importante para la justicia de México, sino para el continente”, resumió la comisionada.
En ese sentido, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, pidió a todos los candidatos que “asuman un compromiso” público con la investigación, ya que es un caso que “ultrapasa” las peleas partidistas.
Todo ello, durante la presentación del Informe de Balance de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, realizado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado ayer en Washington.
En el documento, de 31 páginas, el mecanismo de la CIDH —creado en julio de 2016 para dar seguimiento a la medida cautelar en favor de los estudiantes dados los “requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad”— recriminó al Estado mexicano que todavía no determine el paradero o destino de los estudiantes, que no haya nuevas detenciones de actores estatales que podrían haber participado en la noche de los hechos y que siga sin establecerse “el grado de participación” de la policía, el Ejército y otras autoridades.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”, resume el texto.
