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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- DH) calificó de “inédita” y “garantista” la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó a la PGR reponer la investigación del caso Ayotzinapa y crear una comisión de la verdad.
El representante del Alto Comisionado en México, Jan Jarab, señaló que la ONU-DH concuerda con “el cuadro manifiesto de graves irregularidades” al que hace referencia de forma detallada la sentencia, misma que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Mediante un comunicado aseguró que es la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana, de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, por algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a la ONU-DH, y por organizaciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Señaló que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre caso Iguala reconoce ciertos avances, pero resume las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación.
Dijo que es especialmente llamativo que la indagatoria “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
Señaló que la oficina de ONU-DH coincide con la conclusión de la CIDH, en el sentido de que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse, con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación” en este caso.
Dijo que el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y la sentencia del Tribunal Colegiado deben alentar al Estado mexicano a enderezar la investigación del caso Ayotzinapa, y a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en los ámbitos de acceso a la justicia y en combate a la impunidad, en relación con la autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales.
