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Como lo propuso el presidente Enrique Peña Nieto, el Senado informó que abre espacio para escuchar en los próximos días a las diversas voces de quienes desean que se atiendan sus puntos de vista en el proceso de legislación de la Ley de Seguridad Interior.
También, en un comunicado, la Cámara Alta indicó que se propone subir el tema a votación la semana próxima, con un consenso amplio.
Sólo cuatro días tendrá el Senado para llevar a cabo audencias de última hora con representantes de la sociedad civil y, si fuera el caso, discutir y votar el proyecto de decreto en el pleno.
Al efecto, este sábado, el Senado dio a conocer que se pospuso la reunión de las cuatro comisiones dictaminadoras, que habían sido citadas para el lunes 11 de diciembre.
La Comisión de Gobernación, a cargo de conducir el proceso de revisión del tema, al notificar por escrito que la reunión de este lunes se pospuso, refirió a los senadores que “es importante destacar que el diálogo ha sido constante y consideramos necesario que este espacio de análisis, previo a la deliberación legislativa, continúe para escuchar las diversas voces, y contar con una ley de amplio consenso”.
De las cinco comisiones dictaminadoras, los priístas presiden dos e igual los panistas, en tanto un petista encabeza una. Cristina Díaz está al frente la de Gobernación; Ricardo Barroso Agramont, del PRI, Marina; la de Justicia, Pilar Ortega y Fernando Torres Graciano, Defensa Nacional, por el PAN; y Benjamin Robles, por el PT.
A las audiencias pueden acudir los senadores sin que sea condición pertenecer a las comisiones dictaminadoras, pero carecen de facultades para votar el dictamen. Por ello, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez (PRD), insistirá en que se incluya a este órgano legislativo en el grupo dictaminador, lo cual podría ocurrir en la sesión del pleno del martes próximo.
Este viernes, el presidente Enrique Peña Nieto propuso que el Senado amplíe el diálogo sobre la Ley de Seguridad Interior, luego de que diversos representantes del sector de Derechos Humanos prevenían de que la legislación atenta contra la sociedad y no sirve a las Fuerzas Armadas.
Al atender el llamado presidencial, el Senado emitió un comunicado en el que los presidentes de las comisiones dictaminadoras anunciaron la decisión de “continuar con el diálogo con la sociedad civil”.
En ese sentido, afirman, “hemos decidido posponer la reunión de comisiones unidas convocada para el lunes, en torno a la minuta de la Ley de Seguridad Interior”.
Argumentaron los presidentes de comisiones que “consideramos necesario que este espacio de análisis, previo a la deliberación legislativa, continúe para escuchar las diversas voces y contar con una ley de amplio consenso”.
Establecieron que “una vez atendidos estos trabajos, es propósito de las cuatro comisiones dictaminadoras continuar con el trabajo legislativo para, en lo que resta del periodo de sesiones, presentar ante el pleno el dictamen para su discusión y aprobación, en su caso”.
El 14 de diciembre sería la última sesión del pleno del Senado, que tiene programadas tres sesiones, del martes al jueves, día en que se clausura el periodo ordinario de sesiones.
Si los senadores hicieran cambios al proyecto de decreto, sería devuelto a la Cámara de Diputados.
En representación de 270 organizaciones de la sociedad civil y más de 200 académicos y líderes sociales, María Elena Morera llevó al Senado una postura conjunta en la que se expone que la Ley de Seguridad Interior “contiene peligrosas ambiguedades y otorga [a los militares] atribuciones que deben corresponder exclusivamente a las instituciones civiles”.
