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Ante la promulgación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que esa legislación vulnera la autonomía y la efectividad del propio organismo, así como de las fiscalías e instancias anticorrupción, debido a que estarían obligadas a entregar información de expedientes a las Fuerzas Armadas y a otras dependencias federales.
En un posicionamiento, dado a conocer horas después de que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, anunciara que respetará la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el organismo señaló que Ley de Seguridad Interior contraviene principios reconocidos constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a los derechos humanos.
“La ambigüedad y generalidad de su redacción hace que en términos de su artículo 2, la ley pueda aplicarse, y promoverse la intervención de las Fuerzas Armadas, prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, en tanto la misma sea calificada de amenaza o riesgo a la seguridad interior, sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de derecho o la gobernabilidad democrática”, indicó.
El organismo señaló que en su artículo 21 impone a organismos como la CNDH la obligación de proporcionar a la autoridad la información que se le requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la seguridad interior.
“Sin parámetros objetivos que la acoten, y por ende con interpretaciones altamente discrecionales, puede darse el supuesto de que, aun cuando este organismo nacional investigue violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga, violentándose los derechos de las víctimas y propiciando que en esos casos no exista verdad, justicia y reparación”, señaló la CNDH.
Consideró que esta disposición debilita, desde antes de que empiecen a operar, “la autonomía y efectividad de las fiscalías e instancias anticorrupción autónomas que se han planteado, pues estarían obligadas a entregar la información sobre las investigaciones que realicen”.
Ratificó su postura de “promover las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos”.
Manifestó su confianza en la determinación que la Corte tendrá en este caso, al retomar los principios de la reforma en materia de derechos humanos de 2011.
Dijo que es respetuosa de la determinación del Ejecutivo de no vetar la ley y lamentó que se haya dejado de lado “la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado” sobre ese ordenamiento.
Señaló que la Ley de Seguridad Interior no lleva “implícito” un beneficio inmediato para las personas, así como tampoco favorece de manera directa a los elementos de las Fuerzas Armadas o a policías.
