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La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró elementos para presumir que existen responsabilidades administrativas de varios funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de acuerdo con las auditorías practicadas a cuatro contratos del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde se abrió un socavón que cobró la vida de dos personas, el 12 de julio de 2017.

Según información a la que este diario tuvo acceso, de las 22 observaciones realizadas por la SFP a los cuatro contratos del Paso Exprés de Cuernavaca, en 11 de ellas existen pruebas para suponer que funcionarios de SCT no actuaron conforme a la ley.

Se conoció que las pruebas fueron turnadas al área de Responsabilidades de la SFP, que determinará las sanciones correspondientes.

De las otras 11 observaciones, se supo que la SFP continúa con las investigaciones y podrían generar nuevos casos de responsabilidad administrativa contra funcionarios de la SCT.

En septiembre del año pasado, la SFP encontró 22 irregularidades en cuatro contratos firmados por la SCT para la construcción del Paso Exprés que suman un posible daño al erario por mil 034 millones de pesos.

Al poner en marcha tres laboratorios móviles de verificación de calidad de materiales en obras federales, la titular de la SFP, Arely Gómez, aseguró que continúa con las indagatorias para determinar las responsabilidades de servidores de la SCT encargados de la construcción de la obra.

“Se determinaron 22 cédulas de notificación, se le notificó a la secretaría, tuvieron su tiempo para responder a las observaciones y a los hallazgos que hicimos; después de eso, la secretaría tuvo tiempo para analizar si se cumplían o no [con solventar observaciones], y ya en todos los casos pasó a la investigación, en esa etapa estamos”.

La SCT, que dirige Gerardo Ruiz Esparza, tenía hasta el 16 de noviembre de 2017 para atender las 22 observaciones planteadas por la SFP.

El 1 de agosto del año pasado la SFP informó que investiga a tres servidores de la SCT por su probable “responsabilidad administrativa” en el caso del socavón.

La SFP señaló que al no acreditarse una adecuada atención de las comunicaciones que advertían riesgos por la obra, y ante la evidencia de actuaciones negligentes, se acreditó la probable responsabilidad de tres funcionarios de la SCT, quienes fueron notificados del inicio del procedimiento administrativo disciplinario.

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