Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Aunque el acuerdo de conclusión de la Visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) señala dar vista únicamente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se inicie un procedimiento administrativo en contra de Tomás Zerón de Lucio por el caso Ayotzinapa, Santiago Aguirre, subdirector del Centro ProDH, aseguró que ese documento concluye responsabilidad penal contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Durante la tercera audiencia de oficio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento por el caso Iguala, Santiago Aguirre expresó que el proyecto del entonces visitador de la PGR, César Alejandro Chávez, concluía trascendencia penal.
No obstante, el documento refiere que “se determina dar vista a la Secretaría de la Función Pública en contra de Tomás Zerón de Lucio, en términos de los considerandos Quinto y Sexto del presente acuerdo, a efecto de que inicie el procedimiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debiéndose remitir copia certificada del expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016”.
Desde Montevideo, Uruguay, los padres de los 43 normalistas denunciaron ante la CIDH que la investigación en la PGR se encuentra empantanada y pidieron al organismo que los sigan acompañando para que puedan acceder a la justicia.
En su oportunidad, el representante del Centro ProDH, Santiago Aguirre, afirmó que la PGR se encuentra acéfala, por lo que destacó el trabajo del mecanismo de seguimiento para la supervisión de la investigación para dar con el paradero de los estudiantes.
“La institución a cargo de la investigación se encuentra acéfala y ha cambiado nuevamente de titular, por tercera ocasión en este sexenio. En este contexto, se vuelve fundamental que el mecanismo de seguimiento continúe la supervisión sobre el caso, evaluando a profundidad los patrones de obstaculización de la justicia y la verdad que se siguen presentando”, dijo.
Comentó que existe “mala fe” por parte de las autoridades mexicanas, lo que obstaculizó el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al ocultarles información y evidencias como la libreta de contactos.
Durante la audiencia, la señora Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez, expresó que a tres años no hay ninguna pista de los normalistas, que se traduce en tres años de dolor y desesperación.
“Es una desesperación horrible, como madre siento mucho coraje, quiero tener una noticia de mi hijo y no hay nada, es lo más triste, desgarrador de estar pensando cada minuto, cada segundo, dónde puede estar mi hijo, y no tener nada”, enfatizó.
El comisionado James Cavallaro, de la CIDH, lanzó una serie de preguntas sobre qué ha sucedido con la investigación del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
