El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst
, urgió al gobierno de México que fortalezca sus cuerpos de seguridad y el sistema de procuración de justicia mediante la implementación de “medidas efectivas” para erradicar la corrupción al interior de las mismas; demandó nombrar a un fiscal independiente y a revisar la Ley de Seguridad Interior.
Alertó que en México los defensores de derechos humanos se encuentran en una situación de “especial vulnerabilidad” ante grupos del crimen organizado y empresas que actúan al amparo de autoridades “débiles, corruptas o infiltradas”, tanto a nivel federal, como a nivel estatal y municipal.
Urgió al gobierno mexicano, “a fortalecer sus cuerpos de seguridad y el sistema de procuración de justicia, no mediante el aumento del número de efectivos o el empleo de fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior, sino mediante la implementación de medidas efectivas para erradicar la corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, las fiscalías, y el poder judicial”, dijo.
“ Conmina a las autoridades mexicanas (al) nombramiento de un Fiscal General sin vínculos partidistas y con amplio reconocimiento social , y a revisar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, a fin de asegurar que las tareas de seguridad doméstica queden en manos de corporaciones civiles, debidamente capacitadas y sujetas a mecanismos de responsabilidad ordinarios y no militares”, agregó.
Las demandas forman parte del informe de casos que presentó Forst
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión 37 de trabajo que terminó el pasado día viernes.
En su reporte señaló que el principal obstáculo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas en el país son las fallas sistemáticas en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos, las cuales han dado como resultado la impunidad en la mayoría de los casos. Señaló que la “ineficacia” en la prevención del delito y en las medidas de protección para los defensores “contribuye al grave entorno de inseguridad que se vive en México”.
“Un nivel continuo y elevado de impunidad legitima los actos de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos, paralizando su labor e interfiriendo con el ejercicio del derecho a defender derechos humanos”, señala el informe en los párrafos 202 al 221, sobre diversos casos concernientes a México.
Forst enfatizó que los homicidios y ejecuciones de defensoras de derechos humanos se basan en el género y que las defensoras enfrentan amenazas de violencia física y homicidios no sólo por su trabajo como defensoras, sino por su condición de ser mujeres
; recordó que el gobierno mexicano se comprometió con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de brindar protección a los defensores incluyendo “velar por que las necesidades de seguridad específicas de las mujeres se traten con la sensibilidad debida a las condiciones de género y que cuando se conciban mecanismos de protección se solicite la participación y la colaboración de las defensoras”.
mpb