El gobierno de México , a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Procuraduría General de la República (PGR) , reiteró que agotará todas las líneas de investigación del caso Iguala para lograr el “esclarecimiento total de los hechos” y castigar a los responsables.
Representantes de las secretarías de Gobernación , Relaciones Exteriores , y el encargado del despacho de la PGR , Alberto Elías Beltrán , se reunieron ayer con la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , Esmeralda Arosemena de Troitiño y representantes de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, en suplencia de procurador, Alberto Elías Beltrán, reconoció la intervención que ha hecho el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH en este caso y agradeció su interés para que haya plena claridad de lo ocurrido a los jóvenes estudiantes.
Al referirse al agravio en perjuicio de las víctimas, Elías Beltrán señaló que autoridades y víctimas tienen un mismo objetivo: que se haga justicia y que estos hechos lamentables no se repitan en el país.
Por lo que, dijo, se han realizado acciones necesarias para atender cada uno de los planteamientos realizados por la CIDH.
A su vez, la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó la colaboración de las autoridades mexicanas en las acciones y atención al cronograma de trabajo establecido para el seguimiento del caso.
Sin embargo, la comisionada subrayó distintos asuntos pendientes que deberán ser profundizados en las semanas y meses siguientes.
Anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitirá próximamente una solicitud de información al gobierno de México, a fin de integrarla en la fase de finalización de este periodo, para preparar un informe final de resultados del trabajo del Mecanismo de Seguimiento, en noviembre próximo.
Durante el encuentro, la PGR actualizó la información sobre el seguimiento al cronograma de trabajo, entre lo que se destacaron asuntos relacionados con la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes, investigaciones en torno al posible papel de funcionarios federales, acciones de búsqueda específicas, el seguimiento a las solicitudes de asistencia jurídica mutua formuladas al gobierno de los Estados Unidos, entre otros.
Igualmente, se hizo referencia al seguimiento a una sentencia reciente emitida por un Tribunal Colegiado, por el que se habría ordenado la creación de una Comisión de la Verdad para el caso.
Al respecto, la dependencia explicó la sustancia y razonamientos detrás de los recursos presentados en contra de dicha sentencia, considerando especialmente sus posibles efectos, que podrían alterar el orden constitucional mexicano.
Recordó que el asunto se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinará lo conducente.
Asimismo, en respuesta a cuestionamientos del comisionado Luis Ernesto Vargas, se subrayó la importancia de avanzar en cuestiones relacionadas con esquemas de atención psicosocial a las víctimas, así como identificar vías para hacer más expedita la colaboración de los detenidos, que facilite conocer la verdad de los hechos y el paradero de los normalistas.
Con ello, se acordó continuar trabajando en el seguimiento a las acciones de búsqueda, investigación y asistencia a víctimas, en coordinación y comunicación con los representantes de los familiares de los 43 estudiantes, y en el marco de la cooperación con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.