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Al menos 20 ex colaboradores, empresarios y familiares de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en la red de lavado de dinero y de adquisición irregular de 22 terrenos propiedad del estado, que integró el ex priísta, acusado hasta ahora del desvío de 900 millones de pesos.
Entre ellos se encuentran, según los datos de prueba presentados por los fiscales del caso ante el juez de la causa penal 381/2017, la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (Ipae), Claudia Romanillos; el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Carlos Lima Carvajal; el ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loria; el ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI, Mauricio Góngora Escalante; los ex titulares de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo y Juan Pedro Mercader; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Fidel Villanueva Rivero; el juez primero civil de Playa del Carmen, Gustavo Chan Camaal, y María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario estatal.
Angulo Castilla es considerada una de las principales beneficiarias con los predios rematados por el Ipae, al adquirir cuatro en 28 millones 547 mil 182 pesos, cuando su valor real era de 149 millones de pesos.
También están en la mira de la dependencia los empresarios Édgar Manuel Méndez Montoya, del ramo metalúrgico, y el director de la distribuidora de gasolina en el sureste, Corpogas, Santiago Samuel Jiménez Moreno, quienes habrían participado como prestanombres del ex mandatario local en la compra de los lotes en zonas exclusivas de Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.
El abogado de la familia Borge, César Celso González Hermosillo y Melgarejo; María de Lourdes Pinelo Nieto, quien fuera secretaria de Roberto Borge Martín, padre del ex titular del Ejecutivo local, figuran de igual forma como beneficiarios de inmuebles del patrimonio estatal comprados a bajo costo.
Jorge Luis Cárdenas Bazán, ex alcalde de Isla Mujeres, al parecer adquirió uno de los 22 terrenos rematados que tiene una extensión de 3 mil metros cuadrados y se localiza en Punta Norte.
En los casos de González Hermosillo y Pinelo Nieto, la procuraduría solicitó orden de aprehensión en su contra.
La ex directora del Ipae Claudia Romanillos Villanueva fue la pieza clave de la red de corrupción, puesto que se encargó, junto con su ex coordinadora jurídica, Soraya Herrera Manzanilla, de la venta a familiares y amigos de Borge, de los 22 terrenos de la reserva territorial en tan sólo 238 millones 790 mil 121 pesos, pese a que su valor comercial asciende a mil 138 millones de pesos.
Para la PGR existe certeza de que la red de corrupción que colaboró con el ex mandatario logró ocultar tres de los 22 predios, y señaló que en los 19 restantes no se concretó el delito porque fueron asegurados en febrero del año pasado como parte de las investigaciones.
Desde julio del año pasado, se tenía programada la comparecencia de Romanillos Villanueva, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla y demás implicados ante el juez de control con residencia en Nezahualcóyotl, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la única que se presentó fue Herrera Manzanilla con el amparo 362/2017.
En 2011 Romanillos Villanueva llegó al máximo cargo del Ipae, tras haberse desempeñado como secretaria particular de Roberto Borge. Días antes de concluir su periodo, fue llamada a comparecer por el Congreso local para que informara sobre el manejo discrecional con el que se habían operado los remates de los bienes del patrimonio estatal.
Cerebros financieros
El grupo de enlaces y prestanombres de Borge Angulo operaba bajo la pauta del ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, y el ex secretario técnico de la dependencia, Eliezer Manuel Villanueva Lanz, considerados los cerebros financieros.
A Guillermo Molina se le vincula con la malversación de mil 464 millones de pesos procedentes del impuesto al hospedaje al sector hotelero de la entidad, por lo que tiene siete denuncias penales en su contra por delitos federales y del fuero común.
Funcionario desde que el hoy senador priísta Félix González Canto ocupó la alcaldía de Cozumel y después la gubernatura del estado, Villanueva Lanz es señalado como el principal operador financiero de la administración borgista y se le relaciona con la adquisición de más de cuatro inmuebles en Chetumal, los cuales están valuados en miles de millones de pesos.
La Fiscalía General del estado y la Secretaría de la Función Pública local tienen 15 denuncias en su contra por los delitos de peculado, abuso de autoridad y desempeño irregular de funciones.
Hasta el momento el gobierno del aliancista (PRD-PAN), Carlos Manuel Joaquín González, ha obtenido solamente una orden de captura contra el ex funcionario estatal por usurpación de funciones.
Autoridades del estado creen que el borgista huyó a Líbano con su esposa, Violette Eljure, originaria de ese país asiático.
Otros de los presuntos operadores son Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Planeación, y los ex subsecretarios de la dependencia, Ariel Federico Meeser Soureau y Andrés Canul Novelo, quienes al parecer participaron en el desvío de 2 mil 388 millones de pesos, en complicidad con la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Paula García Achach, detenida por la Fiscalía General y después puesta en libertad —tras pagar una fianza— y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), dirigida en ese entonces por Paula González, quien fue detenida y vinculada a proceso el 3 de enero pasado por el delito de peculado. González presuntamente desvío mil 56 millones de pesos del erario público.
Según la autoridades locales, Escamilla Carrillo, Canul Novelo y Meeser Soureau pagaron 777.2 millones por la renta de maquinaria para obras que nunca se realizaron en Quintana Roo.
El ex alcalde de Solidaridad y ex candidato del PRI Mauricio Góngora Escalante tiene una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Fiscalía General de Quintana Roo, por recibir 201 millones de pesos del presupuesto del estado para su campaña electoral.
