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pedrovillaycana@eluniversal.com.mx
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por el cateo ilegal en agravio de cuatro personas; la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual contra tres de ellas, y la ejecución arbitraria de dos, ocurridas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y las cuales son atribuibles a efectivos adscritos al Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.
En la recomendación 54/2017, la comisión informó que al investigar los hechos acreditó violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, integridad y seguridad personal, a la libertad y a la vida.
“De acuerdo con el testimonio del padre de una de las víctimas, el 27 de enero de 2016 personal militar retuvo a su hijo, a su sobrino y a dos personas más al interior de su domicilio, en dicho municipio. El personal militar le impidió el acceso al mismo y, mientras permaneció afuera, escuchó que su hijo gritaba que ya no lo golpearan. Refirió que dos horas más tarde los militares subieron a tres de los detenidos a la parte trasera de una camioneta y aseguraron el vehículo de uno de ellos. La cuarta persona fue dejada en libertad. Posteriormente acudió a diferentes agencias del Ministerio Público local y federal, sin obtener información sobre el paradero de sus familiares”, indica.
La CNDH señaló que después de eso, el padre de una de las víctimas, en el auditorio público municipal Miguel Hidalgo preguntó a elementos del Ejército sobre el destino de los detenidos y “le informaron que no efectuaron detención alguna y sólo habían asegurado un vehículo que tenía reporte de robo, por lo cual presentó la denuncia de hechos correspondiente ante el agente del Ministerio Público en Tepatitlán de Morelos”.
Dos días después, personal de la Fiscalía General de esa entidad le informó que en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán habían sido localizados los cuerpos de los detenidos, mientras que el tercero había sido tras-ladado al Hospital Regional por las lesiones que presentaba.
“El análisis de los testimonios y las periciales realizadas por personal de este organismo nacional acreditaron que los efectivos militares ingresaron de manera ilegal al domicilio referido, toda vez que no presentaron la orden de cateo correspondiente. Además, al interior del mismo las personas fueron víctimas de tortura y violencia sexual”.
El organismo nacional constató que los afectados fueron detenidos arbitrariamente sin contar con el procedimiento judicial respectivo, por la probable comisión de un delito y sin que se acreditara la flagrancia o la urgencia como causa legítima para el aseguramiento.
De igual forma, omitieron presentarlos de manera inmediata ante la autoridad y elaborar el informe correspondiente, como lo establece la ley, “por el contrario, fueron golpeados, trasladados a varios lugares y, finalmente, conducidos a un sitio deshabitado, donde fueron víctimas de malos tratos”.
