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Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por tres de los siete delitos del fuero común que le imputó la fiscalía general de la entidad.
La fiscalía veracruzana anunció que en breve espera solicitar nuevas órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador por el resto de los delitos locales por los que se le investiga.
El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, anunció que debido a que en el proceso de extradición la dependencia sólo tenía estas acusaciones judicializadas para integrarlas a la petición de entrega al gobierno de Guatemala, el resto de delitos que investigan por otros desvíos supuestamente cometidos por Duarte continúan en integración de carpetas.
Debido a ello, informó la dependencia, en su momento solicitarán a la Procuraduría General de la República para que requiera autorización al gobierno guatemalteco para ejecutar nuevas órdenes de aprehensión.
“Todas las carpetas por los demás desvíos de recursos se están integrando y en su momento se hará un planteamiento a la PGR para que solicite al gobierno de Guatemala una ampliación a la posibilidad de que, por la extradición, se le ejecuten nuevas órdenes de captura”, dijo.
El juez de Control, Júpiter López Ruiz, del Tribunal Superior de Justicia capitalino, con sede en el Reclusorio Norte, decidió con ello autorizar a la fiscalía que continúe sus investigaciones contra el ex mandatario por los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
“Los efectos son para que las partes sigan investigando los datos aportados por la fiscalía”, señaló.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la fiscalía veracruzana, representada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y la defensa del ex mandatario, encabezada por el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, debatieron sobre los datos de prueba contenidos en las carpetas de investigación 38/2017 y 56/2017.
La fiscalía indicó que el ex mandatario no realizó la formal entrega-recepción de su administración cuando solicitó licencia al cargo el 12 de octubre de 2016 y utilizó un helicóptero propiedad del gobierno del estado para fines personales cuando ya no ostentaba el cargo de gobernador.
Por estas conductas lo imputó por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. La defensa argumentó que al solicitar licencia al cargo, el ex gobernador no concluyó su mandato, por lo que no estaba obligado a hacer la formal entrega-recepción de su administración.
“El hecho de haber solicitado licencia no significa que llegó a concluir el encargo (...), mi representado no tenía la obligación administrativa de hacer un procedimiento de entrega-recepción”.
El juez desestimó el argumento y vinculó a proceso a Duarte por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
También se le acusó de ordenar ilegalmente el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas de Veracruz para ser depositados en cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado a modo de “préstamo”, dinero del que actualmente se desconoce el destino.
Por esta conducta la fiscalía pretendía vincularlo por tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, coalición, abuso de autoridad y peculado; sin embargo, el juez decidió vincularlo por el delito con mayor penalidad, que fue el de peculado.
