Ciudad de México.- “El daño no me lo hizo el país, me lo hizo el gobierno”, dijo Santa María Rosales , una de las migrantes centroamericanas que estuvieron en prisión tras ser acusadas, sin pruebas, de trata de personas.
Su caso forma parte del informe Criminalización de Mujeres Migrantes. Análisis de seis casos en la Frontera Sur , en el que se abordan las violaciones de derechos humanos de los que fueron víctimas.
Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A. C., explicó que la discriminación que se da en ese tipo de casos es estructural por ser mujeres, indígenas y migrantes.
Aunado a cuestiones culturales como la persistencia de una sociedad machista y patriarcal.
Señaló que a eso se suman las políticas migratorias que se implementan en México, que en lugar de poner en el centro el tema de los derechos humanos de las personas , dan prioridad a la seguridad.
Destacó que existe un patrón de violaciones de derechos de las mujeres migrantes, lo que significa que no son situaciones aisladas.
Las mujeres de los seis casos fueron detenidas sin saber la causa, las obligaron a firmar declaraciones en las que se inculpaban, no contaron con representación consular adecuada, fueron exhibidas en medios de comunicación, fueron víctimas de tortura sexual y amenazas, y estuvieron bajo condiciones penitenciarias inadecuadas.
En la presentación del informe estuvieron tres de las mujeres que fueron criminalizadas, narraron las violaciones de derechos que sufrieron y exigieron que la reparación del daño a las autoridades.
“El daño no me lo hizo el país, me lo hizo el gobierno”, afirmó Santa María Rosales, originaria de Honduras.
Mariana Zaragoza, del programa asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana , comentó que todas las mujeres fueron criminalizadas al acusarlas de trata de personas.
Indicó que en 2013 en el Centro de Reinserción Social 4 de Tapachula había 26 mujeres migrantes, 23 de ellas acusadas de ese delito, de las cuales 70% eran centroamericanas, principalmente de Honduras.
Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova , dijo que el informe busca dar un panorama de lo que sucede en la frontera sur, principalmente en Tapachula, que tiene 48 de los 272 puntos de internación que hay en el país.
Agregó que México tiene una política de detección, detención y deportación; en cifras, comentó que de 2012 a 2017 fueron retornadas a sus países más de 500 mil personas, 130 mil eran mujeres, niñas y adolescentes.
Resaltó que en los años 90 se dio un cambio en la migración y los factores por los que los centroamericanos dejaron su lugar de origen fue por factores económicos, precariedad de la vida y por no tener trabajos dignos.
También se suman otros aspectos, como la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde hay presencia del crimen organizado y principalmente de las Maras.
