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La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, al considerar que representa un grave riesgo para la información de las víctimas de violaciones a sus garantías fundamentales.
Hasta ahora la Corte tiene en trámite siete impugnaciones, debido a que ayer el ministro Pardo Rebolledo desechó por notoriamente improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido Movimiento Ciudadano.
Al igual que su homólogo en la Ciudad de México, el organismo acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a demandar la invalidez de la obligación contenida en la ley de los órganos autónomos de entregar información a las Fuerzas Armadas o a la Secretaría de Gobernación en labores de inteligencia para efectos de la seguridad interior.
El escrito fue presentado por el consejero de esa defensoría, Bernardo Rodríguez, quien afirmó que esta obligación implica un grave riesgo para la seguridad de las víctimas.
“Consideramos que hay algunas disposiciones, sobre todo el artículo 31 de la ley, que vulneran la autonomía de la defensoría en el tema de la información que tenemos y que por obligación constitucional debemos mantener en confidencialidad. Consideramos que esto vulnera y pone en riesgo la información de víctimas de violaciones a derechos humanos que han confiado en los organismos defensores de derechos humanos”, dijo.
Añadió que esto impide al organismo cumplir con su obligación de proteger los datos personales e implica una invasión de competencias.
Esta es la tercera controversia constitucional promovida contra la Ley de Seguridad Interior y se suma a la que el pasado lunes presentó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que impugnó los preceptos señalados también por Oaxaca.
Además de la de Cholula, Puebla, que impugnó los preceptos que establecen que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la seguridad del territorio sin previa consulta a estados y municipios.
De las tres, sólo la de Cholula ha sido admitida a trámite en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.