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La promesa de dotar a los poderes judiciales estatales y federal de mayor independencia administrativa y presupuestaria necesaria y bien estructurada podría traer grandes beneficios, coincidieron especialistas.
El pasado 6 de julio, la ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, tuvo una reunión privada con jueces y magistrados de la Ciudad de México en la que la virtual secretaria de Gobernación, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, ofreció presupuesto seguro e inamovilidad de jueces y magistrados locales.
Javier Martín Reyes, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que principalmente la independencia en los tribunales estatales, mediante una reforma a los poderes judiciales locales, ha sido una asignatura pendiente dentro de las reformas estructurales que requiere el país como parte de la transición democrática.
“A nivel local, los presidentes de los tribunales superiores de justicia están permanentemente bajo la amenaza de que se les puede reducir el presupuesto”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.
“Una de las principales garantías de independencia judicial está relacionada con los recursos presupuestales y lo cierto es que así como en el Poder Judicial sí ha avanzado en un importante número de cosas, aunque quedan muchos pendientes; en los poderes judiciales locales lo que revelan los estudios es que el avance ha sido extremadamente dispar”, detalló.
La propuesta de la ministra en retiro es destinar a los poderes judiciales locales un porcentaje fijo del presupuesto de egresos de cada una de las entidades para evitar que sus presidentes cabildeen o “litiguen” los recursos cada año con los gobernadores o con los congresos estatales.
Martín Reyes indicó que también el Poder Judicial, incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según lo establecido en la ley, permanece bajo ese supuesto en la forma de asignación de presupuesto.
Por ello, explicó que una reforma como la propuesta por Sánchez Cordero debería estar acompañada por la implementación de mejores mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y optimizar el uso de los recursos designados.
“Habrá que esperar a ver la propuesta que en su momento formalice la ministra en retiro, en general es una extraordinaria idea comenzar la discusión sobre este tema porque el fortalecimiento de los poderes judiciales locales sí es uno de los grandes pendientes”, agregó.
Otra parte de la propuesta de Sánchez Cordero se refiere a la inamovilidad de jueces y magistrados para evitar que sean destituidos por no favorecer los intereses del gobierno o Congreso en turno.
Al respecto, Carlos Daza, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que la propuesta de inamovilidad para jueces y magistrados dotaría de mayores garantías en la impartición de justicia en el país, pues dejarían de existir juzgadores y fiscales “a modo”.
“Hemos visto que muchos tienen fiscal, jueces y magistrados a modo y esto genera un problema de injusticia, sobre todo de abusos para mucha gente y esto justifica la necesidad de una autonomía plena en los poderes judiciales”, dijo.
Por ello, aplaudió la propuesta y coincidió en la necesidad de establecer una clara rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos que se designen a los poderes judiciales.
