Por un caso de detención arbitraria y tortura , la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 18/2019 a los titulares de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según la CNDH, el 22 de octubre del 2013 tres elementos de la Policía Federal detuvieron a un hombre en Matamoros, Tamaulipas, cuando salía de un establecimiento comercial.
Los policías subieron a la víctima a una patrulla donde lo golpearon y torturaron; con unas pinzas le lastimaron los dedos de la mano derecha y le metieron un cuchillo en su oreja izquierda para que declarara que había sido degenido con una arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y abordo de un auto robado.
Después de investigar el caso, la CNDH constató que los policías federales detuvieron arbitrariamente a la víctima al no existir orden de aprehensión ni flagrancia o caso urgente en su contra ; además acreditó que las autoridades tardaron al menos tres horas en llevar al ministerio público al detenido.
"De acuerdo a la evidencia recabada, este Organismo Nacional concluyó que los 3 policías federales vulneraron el derecho a la integridad personal de la víctima, al haber infligido actos de tortura en su agravio, con el fin de obtener información y para autoincriminarse",
señaló la CNDH.
Asimismo, la Comisión Nacional corroboró que agentes del Ministerio Público Federal fueron omisos en abrir una investigación por tortura en contra de la víctima, a pesar de que un Juez de Distrito así lo había ordenado.
Por ese motivo, la dependencia recomendó a Alfonso Durazo Montaño , titular de la SSPC, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas , localice y repare el daño a la persona agraviada, además de que se le se le brinde atención psicológica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Pidió que a los elementos de la Policía Federal se les brinden cursos en materia de derechos humanos sobre los estándares internacionales, acuerdos y protocolos relacionados con el derecho a la integridad, seguridad jurídica, libertad personal y prohibición de la tortura.
Además de que se utilicen geolocalizadores para vigilar la actuación de los elementos policiacos.
En el caso de la FGR, a su titular, Alejandro Gertz Manero , se le recomendó llevar el caso a las instancias correspondientes, y que se capacite a su personal en materia de derechos humanos.
