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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos entregará este viernes el Premio a la Cooperación Internacional a la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por su trabajo para desarticular a la banda transnacional Los Granados, dedicada a la trata de personas.
Omar García Harfuch, titular de la AIC, recibirá el reconocimiento en una ceremonia en la ciudad de Nueva York, a la que asistirán autoridades de las distintas agencias de seguridad estadounidenses.
Las investigaciones sobre la familia Granados iniciaron en octubre de 2011, fecha desde la cual, mediante operativos conjuntos de la AIC, Policía Federal, FBI e ICE, comenzaron a desarticular esta organización, la cual tenía aproximadamente 10 años operando, sin que se tomara acción legal en su contra, tiempo en el cual Francisca Granados Rojas y Pedro Ramírez Lira eran las principales cabezas de la familia y de la organización.
El año pasado, se logró la ubicación y detención de los que eran considerados los actuales líderes de la organización criminal, quienes continuaban el legado de explotación sexual en Tenancingo, Tlaxcala.
Actualmente, 31 personas, miembros y allegados de la familia Granados, se encuentran sentenciadas o en proceso judicial por actividades relacionadas con la trata de personas.
“Esta investigación es sólo un ejemplo emblemático de la excelente coordinación y de los lazos que se han construido en materia de colaboración internacional entre las agencias policiales de Estados Unidos y de México”, destacó el director de Asuntos Policiales Internacionales de la PGR, Francisco Almazán Barocio.
Los integrantes de la banda de Los Granados eran propietarios de casas ostentosas, usaban ropa y joyería aparatosa, con la finalidad de presentarse a sus víctimas como comerciantes o empresarios prolíferos.
Generalmente eran dueños de vehículos de gran cilindraje y compraban terrenos en los cuales comenzaban la cimentación de casas que se quedaban en obra negra, esto con la finalidad de mostrárselas a las víctimas y después chantajearlas, diciéndoles que para terminar la construcción necesitaban de su ayuda, persuadiéndolas de que la única opción laboral era la prostitución.
En muchas ocasiones, apoyaban económicamente a la comunidad de Tenancingo, Tlaxcala, donde vivían, con donaciones para fiestas o infraestructura para convertirse en una aspiración para los jóvenes e incluso niños de su comunidad
Sus víctimas eran explotadas sexualmente en zonas de tolerancia de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, después eran trasladadas al municipio de Altar, Sonora, y de ahí se les internaba de manera ilegal a los Estados Unidos, en específico a las ciudades Phoenix y Tucson, en Arizona.
Otro de los destinos de las víctimas eran los campos de cosecha en Nueva York, en donde eran obligadas a tener hasta 60 encuentros sexuales por día, lo que llegaba a generar ingresos de hasta 30 mil dólares mensuales.