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Los hackeos a bancos de abril y mayo pasados son una advertencia de que se debe garantizar la ciberseguridad de las estructuras críticas del Estado, como son servicios financieros, electricidad o aeropuertos, afirmó la presidenta de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Cámara de Diputados, Sofía González Torres (PVEM).
Planteó que México tiene que dar prioridad a su integración al convenio de Budapest en materia de ciberseguridad, el cual le daría acceso a capacitación de servidores públicos, jueces y legisladores, por parte de expertos internacionales, además de pertenecer a una red de intercambio de información en tiempo real para bloquear ciberataques.
González Torres impulsó en la Cámara de Diputados un paquete de reformas penales para actualizar y tipificar nuevos delitos informáticos, cuyo proceso legislativo se quedó a un paso de ser discutido y votado por el pleno en San Lázaro.
Llamó a que los diputados de la 64 Legislatura retomen esta materia que preocupa a la gente, tras conocer de los hackeos a bancos en el primer semestre de este año.
“Más que preocupados, hay que estar ocupados en materia de ciberseguridad de instituciones financieras y gubernamentales, de empresas, y de cada persona. La sociedad debe empezar a tener una cultura digital”, dijo.
Explicó que la ciberseguridad es un tema complejo, abarca desde el abuso de dispositivos electrónicos, falsificación informática, la alteración o supresión de datos informáticos, como lo sucedido con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a fines de abril y principios de mayo pasados.
Previno que se cuiden las estructuras críticas del Estado, “para que no pase como en Ucrania, que hubo un ataque al servicio eléctrico en invierno y la población quedó sin calefacción durante cuatro horas. No nos vaya a pasar en el aeropuerto o en la CFE”.
En la Cámara de Diputados, González Torres impulsó la legislación en materia de ciberseguridad y alcanzó avanzar en el estudio y dictamen de un paquete de 20 reformas, sólo faltó que la mesa directiva las sometiera a votación.
Se trata de cambios al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Civiles. Se crean delitos que no existían y se actualizan.
De la misma forma se busca castigar, alterar o transmitir desde un dispositivo algún código de identificación o acceso al sistema que se haya obtenido de una forma paralela o por parte de un tercero que es lo que paso en el fraude que se hizo en la banca (SPEI).
Comentó que “se debe dotar al sistema judicial para identificar estos delitos”.