La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa que reforma el Código Penal Federal para sancionar con uno a tres años de prisión o 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa, a quien difunda, por cualquier medio, ideas basadas en la superioridad o en el odio, rechazo, burla o humillación por motivos de origen étnico o racial, e incite a la discriminación y realice actos de violencia.
La iniciativa del diputado Francisco Saracho Navarro (PRI), que adiciona el artículo 149 quáter de la norma en mención, plantea duplicar la pena a servidores públicos, ministros de culto religioso o funcionarios partidistas, en ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las acciones civiles o administrativas que pudieran ejercerse en su contra. Este delito se perseguirá por querella.
Saracho Navarro destacó que, a pesar de que México cuenta con una legislación en materia de protección a los derechos humanos y de prevención y eliminación hacia todas las formas de discriminación, no se han obtenido los resultados esperados para combatir la distinción racial y la difusión de ideas basadas en la superioridad.
La propuesta, detalló, forma parte de los compromisos asumidos por nuestro país al firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y busca cumplir la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, al considerar como delito esta conducta.
Mencionó que los grupos étnicos continúan siendo objeto de agresiones y manifestaciones discriminatorias, ya que por su condición se les mira como si fueran inferiores, aunado a que aún padecen marginación y vulnerabilidad.
Las expresiones de odio o rechazo racial y su difusión tienen un arraigo cultural muy fuerte, además de la influencia del extranjero que contribuye a intensificarlas. Por sí mismas, implican el menoscabo de los derechos fundamentales de las minorías, además de ser una fuente de violencia y de diversos delitos en su contra, por lo que sus efectos son totalmente lesivos a las garantías de terceros.
Detalló que la propuesta no limita ni restringe la libertad de expresión, puesto que al ser un derecho consagrado en la Carta Magna, permite que todas las personas manifiesten sus ideas de manera libre y sin temor a alguna persecución, salvo que se trate de afectaciones a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o que provoque algún delito o perturbe el orden público.