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El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, hizo un llamado a colocar en la agenda de seguridad a las víctimas de trata que en muchas ocasiones han quedado invisibles.
Al clausurar la Primera Cumbre Hemisférica sobre Trata de Personas, Castilla Craviotto indicó que entre los acuerdos a los que llegaron fue el intercambio de información, hacer visibles a las víctimas y trabajar con políticas articuladas a nivel zona, pues en muchas ocasiones dicho delito es aceptado culturalmente.
En el evento organizado por la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que preside México, Damián Canales Mena, titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, enfatizó que los grandes desafíos para combatir el delito de trata de personas es atender los orígenes y dedicar mayores recursos al tema, de lo contrario, todos los esfuerzos serán a medias o tenderán al fracaso.
Ante más de 33 jefes o representantes de 28 cuerpos de seguridad y 25 organismos observadores integrados a Ameripol, Canales Mena mencionó que se pueden tener las mejores herramientas, pero si no se atiende el delito desde sus orígenes, no se avanzará.
“Todas las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia tenemos un gran reto y, en general, para toda la sociedad; el problema ahí está. En los retos y las acciones para combatir el delito de trata de personas, uno de los grandes desafíos es poder atender los orígenes”, comentó.
En su ponencia planteó poner énfasis en la homologación de criterios a nivel internacional en materia de protocolos y, de ser posible, una homologación a las sanciones, con pleno respeto a los Estados.
Indicó que, entre las propuestas, se tiene que analizar la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para que se refuerce la garantía de la víctima, principalmente en lo que respecta a la criminalización, “porque muchas veces a la víctima se le trata como delincuente”.
También planteó la creación de un órgano con facultades de supervisión, vigilancia y acompañamiento de las comisiones ejecutivas en la aplicación de medidas de protección y asistencia.
Pidió mejores programas de carácter social, educativo, económico, así como incorporar a los instrumentos jurídicos el peso que requiere la víctima, “porque a veces nos olvidamos de ella”.
De igual forma, urgió a revisar de manera exhaustiva el actual modelo de asistencia y protección a las víctimas, así como el protocolo para rescate, asistencia y protección, para que se considere la participación de organismos nacionales de protección a los derechos humanos, “porque se dejó a un lado ese aspecto”.
Damián Canales consideró que también se debe contar con un nuevo programa nacional de protección y asistencia a las víctimas del delito de trata que considere perfiles específicos y procedimientos rigurosos de selección y formación de asesores jurídicos, que conozcan y tengan la sensibilidad para tratar a las víctimas, que se cuente con especialistas médicos, trabajadores sociales e intérpretes.
El titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal indicó que se deben tomar en consideración medidas de protección multidisciplinarias, para la atención física, emocional, sicológica y la reincorporación a la sociedad.
Raciel López, fiscal General de Chiapas, aceptó que en esa entidad tienen una de las fronteras más porosas y que el problema de la trata de personas es latente, pero se impulsan estrategias para combatirlo.
Explicó que Chiapas tiene más de 700 cruces informales por donde transitan más de 400 migrantes de forma irregular, “es una frontera sin frontera, donde nacen las grandes rutas del tráfico de drogas, armas, migrantes y tratantes”.
Para el fiscal, existen tres grupos de mayor vulnerabilidad en la trata: el primero son personas que residen en el estado que son reclutadas por engaño o redes sociales, otras son los migrantes, principalmente centroamericanos, y los otros son jóvenes y mujeres de las comunidades indígenas.
“En Chiapas la trata es una realidad; sin embargo, tenemos estrategias en prevención y persecución para disminuir la incidencia, muestra de ello es que fuimos los primeros en formar una comisión institucional compuesta por los tres niveles de gobierno, universidades y sociedad civil”, dijo.
Afirmó que crearon la fiscalía de trata de personas con la que se han rescatado a 670 víctimas, de las que 62% son mexicanas, 19% guatemaltecas y 15% de Honduras.
En su oportunidad, Liliana Forero, consultora en el área de protección de la niñez de UNICEF Colombia, indicó que el principal reto es comprender adecuadamente la trata, ya que existe una cantidad de mitos y falsas creencias alrededor de la trata que la justifican y la mantienen.
“Cada que se le pone precio a una población se afecta al principio de que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos; cuando se le pone precio a un ser humano lo que estamos haciendo es borrar ese compromiso”, dijo.
