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La Procuraduría General de la República (PGR) inició nuevas diligencias de investigación en el caso Iguala para reforzar las pruebas que tiene sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito dictó cuatro sentencias de amparo en la que detectó diversas irregularidades en la investigación, la PGR comenzó una nueva revisión de la averiguación previa para reforzar las pruebas que analizaron los magistrados y que están en riesgo de ser declaradas nulas.
La nueva revisión forma parte de la estrategia legal que emprendió el gobierno federal para combatir las sentencias emitidas por el tribunal, en las que se ordena la creación de una comisión de la verdad para investigar el caso Iguala.
Fuentes federales confirmaron que para realizar su revisión, la PGR dividió las pruebas en aquellas que definitivamente son viables, las que requieren ser reforzadas para evitar su anulación y aquellas que fueron obtenidas de manera ilícita y de las que deberá analizar desistirse.
Las resoluciones prendieron las alertas en la dependencia porque los magistrados ordenaron la reposición del procedimiento para los cuatro quejosos, quienes han sido identificados como supuestos miembros de los Guerreros Unidos, debido a que existen indicios de que sus confesiones fueron obtenidas mediante tortura.
También ordenaron abrir investigaciones contra los funcionarios que pudieron incurrir en actos de tortura contra los imputados.
Información obtenida por EL UNIVERSAL señala que la PGR inició investigaciones contra dos policías implicados en estos actos y pasaron de ser considerados testigos del caso a presuntos responsables de tortura.
Las investigaciones sobre los casos de tortura fueron enviadas a la Fiscalía Especializada en Investigación de Desaparición Forzada por razones de especialidad de los casos que conoce.
Diversas autoridades federales han presentado más de 40 recursos de revisión extraordinaria, quejas e incidentes de imposibilidad para cumplir con las sentencias.
Los escritos han sido promovidos por la PGR, el Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Salud, Hacienda y Crédito Público; la Policía Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el Ministerio Público federal a cargo de la investigación del caso y cinco elementos del Ejército.
Todos argumentaron que la sentencia del Colegiado es inconstitucional, pues la sola creación de la comisión de la verdad constituye un acto legislativo que sólo puede ser realizado por el Congreso o por el Presidente de la República, no por el Poder Judicial.
Indicaron que el tribunal no los llamó a juicio y al vincularlos al cumplimiento afirmaron tener carácter de tercero perjudicado, lo que viola las normas procesales.
