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Previo a la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala , la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no existen nuevas teorías de lo que ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa .
Esto, a pesar de que en las últimas diligencias realizadas la dependencia identificó a dos implicados más en lo ocurrido a los estudiantes.
Documentación a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso refiere que en su último informe al mecanismo de seguimiento del Caso Iguala de la CIDH , que será retomado por la Comisión de la Verdad creada por la nueva administración y que este lunes rinde su primer reporte, la PGR indicó que el asunto no tiene fecha de conclusión.
Como parte de las nuevas diligencias, la dependencia procedió penalmente contra tres elementos de la Policía Federal por su colusión con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurridos en Iguala, Guerrero y existe un nuevo proyecto de consignación en el que se les acusará por desaparición forzada .
Identificó los nombres de "El Caminante", Alejandro Tenescalco Mejía, quien era coordinador operativo de la policía municipal de Iguala cuando los estudiantes fueron agredidos y "El Patrón", Alejandro Palacios Benítez y/o Emiliano Sanatana Duque, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Huitzuco, Tepecoacuilco y Taxco.
Según el informe, el 26 de septiembre de 2014, Tenescalco Mejía se comunicó con 11 policías de Iguala, entre el 7 de agosto y 8 de octubre de ese año tuvo comunicación con otros 43 efectivos municipales y con Eliohenay Salvador Martínez Hernández, policía ministerial de Guerrero y el subdirector de la policía municipal de Cocula, César Nava.
Hasta el 26 de noviembre de 2018, la PGR continuaba indagando para verificar que la identificación de ambos sujetos y su relación con el caso Iguala es correcta. Una de las líneas de investigación recomendadas por el mecanismo de seguimiento es la de la posible participación de elementos militares adscritos a la región de Iguala en los hechos.
La PGR informó las declaraciones recabadas a los militares y ex militares que pudieron haber estado en la región al momento de la agresión contra los normalistas.
Explicó que solicitó apoyo del FBI para mejorar las imágenes captadas mediante un teléfono celular por uno de los soldados que dieron seguimiento a las acciones de la noche del 26 de septiembre de 2014 y cuya declaración forma parte de la investigación y se analizó la computadora donde fueron descargadas las fotografías.
Sobre los posibles lazos familiares entre elementos castrenses y líderes de los Guerreros Unidos como Sidronio Casarrubias Salgado, la PGR mencionó que entrevistó a elementos en activo y en retiro.
“Respondieron amplio interrogatorio y negaron cualquier vínculo con organizaciones delictivas. Paralelamente, se solicitó a Fiscalías y Procuradurías Estatales actas, averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en los que se encontraran relacionados José Martínez Crespo, José Alfredo Casarrubias Salgado y Javier Leopoldo Arroyo Estévez, siendo hasta el momento negativos”, afirmó la dependencia.
A través de la Unidad Especializada de Análisis Financiero solicitó información bancaria, financiera y fiscal de los castrenses de la cual está pendiente la elaboración de un dictamen en el que se establezca si el dinero que gastan y patrimonio corresponden a los ingresos que obtienen.
En total, los militares han emitido 125 declaraciones, 87 iniciales y 38 ampliaciones, dos de ellos son elementos en retiro y está pendiente que otros cinco castrenses comparezcan a rendir declaración.
El informe incluye estadísticas que señalan que por el caso Iguala actualmente permanecen en prisión 115 personas.
Por el secuestro de los 43 estudiantes han sido detenidas 73 personas, continúan en prisión, 60 de los cuales 13 obtuvieron auto de libertad, cuatro de ellas siguen detenidas por otros delitos, y quedan pendientes por cumplimentar cinco órdenes de aprehensión. Por otros delitos relacionados con el caso fueron detenidas 69 personas, en prisión permanecen 55 pues 18 de ellas obtuvieron libertad y quedan pendientes 11 órdenes de aprehensión mientras que nueve de las solicitadas por PGR fueron negadas.
Luego de la emisión de la sentencia que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad , cuatro personas implicadas en el asunto recibieron autos de libertad al considerar que fueron torturados, detenidos arbitrariamente, hubo conflicto de intereses al designarles defensores, entre otras violaciones al debido proceso.
“Ese criterio del Tribunal Colegiado ha tenido un impacto en las causas penales, pues bajo la consideración de que esos aspectos se ha estado concluyendo que las detenciones fueron ilegales y se violentaron derechos humanos de los procesados en esas circunstancias, ocasionando el dictado de autos de libertad con las reservas de ley”, indica el documento.
En julio pasado cuatro de los imputados, supuestos integrantes de los Guerreros Unidos , fueron liberados pero entre el 6 de septiembre y el 22 de noviembre, cuatro acusados más recibieron auto de libertad y a dos de ellos se les relacionaba directamente con la desaparición y homicidio de los normalistas.
El primero de los cuatro imputados que el 6 de septiembre recibió auto de libertad fue Miguel Miranda Pantoja y/o Juan Miguel Miranda Pantoja alias "El Pajarraco" por delincuencia organizada y secuestro.
Miranda Pantoja fue detenido el pasado 28 de agosto en Piedras Negras, Coahuila pero el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas desechó 48 declaraciones de los imputados que lo señalaron como otro de los responsables porque consideró que todos los declarantes fueron detenidos arbitrariamente, por un plazo mayor al establecido en la ley y probablemente torturados.
El 30 de septiembre en la causa penal iniciada contra 77 personas por delincuencia organizada, secuestro y desaparición forzada de cuatro personas, el juez de Tamaulipas también dictó libertad bajo las reservas de la ley a Luis Francisco Martínez Días, ex policía del municipio de Iguala, Guerrero ; quien estaba acusado de delincuencia organizada y a quien las autoridades relacionaron con el homicidio de Julio César Mondragón.
Ese día también Erick Sandoval Rodríguez "La Rana" recibió auto de libertad por delincuencia organizada y el 21 de octubre se le liberó por el delito de secuestro, porque al no existir otra acusación en su contra, ya regresó a Guerrero .
Finalmente, el 22 de noviembre pasado, el Segundo Tribunal Unitario ordenó liberar a Juan Carlos Beltrán Cruz por delincuencia organizada a quien se le vinculaba con los G uerreros Unidos .
Actualmente la PGR, ahora FGR, tiene abiertas seis causas penales relacionadas directamente con la desaparición de los 43 estudiantes , dos de ellas iniciaron en 2018 e involucran a más de 100 personas.
mpb
