justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Javier Nava Soria, supuesto prestanombres del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, tiene hasta el lunes para reunir los medios de prueba necesarios para desvirtuar la acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada que formuló la Procuraduría General de la República en su contra.
Ayer, el supuesto contador de la red de lavado de dinero liderada por el ex mandatario estatal, fue presentado por la PGR ante el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la celebración de la audiencia inicial en la causa penal número 97/2016.
Nava Soria fue detenido el pasado martes por la noche a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de España, país que lo deportó debido a que excedió el tiempo de estadía legal.
Durante la diligencia, la PGR formuló la imputación contra Nava Soria sustentada en la carpeta de investigación que consta de seis cajas con 13 tomos y anexos, misma que derivó de la indagatoria iniciada contra Duarte de Ochoa.
La audiencia inició a las 08:30 horas. Nava Soria, quien portaba una sudadera beige con chamarra negra y pantalón de mezclilla, con un semblante serio y en todo momento atento a las afirmaciones de los fiscales de la PGR.
La dependencia afirma que conforme a las investigaciones, Nava Soria participó en el lavado de 223 millones 800 mil 963.50 pesos, provenientes del desvío de recursos públicos de dependencias veracruzanas.
Nava funge como representante legal de la empresa Consorcio Brades, S. A. de C. V., de la cual la PGR ha concluido que se trata de una entidad “fachada”, creada exclusivamente para ocultar el origen ilícito de los recursos con los que operaba la red de Duarte de Ochoa.
Brades adquirió cinco parcelas que le compró a Moisés Mansur, identificado como dirigente de la red de lavado, mismas que fueron valuadas a sobreprecios para evitar el pago del impuesto sobre la renta.
Las cinco parcelas ubicadas en el ejido de Lerma, en Campeche, Campeche, que originalmente costaban 201 mil 880 pesos fueron adquiridas por la empresa Brades, a un sobreprecio a través de 13 depósitos bancarios que sumaron 223 millones 800 mil 963.50 pesos.
De esa cantidad, 131 millones 590 mil 963.50 pesos los depósitos fueron realizados por las empresas Medical Health Service, Anabis, Diseños Alint, Vepa Inmobiliaria, Sacmex, La A Edifica y Agatone.
De los 43 datos de prueba que la PGR ofreció contra Nava Soria se incluye la declaración de José N, identificado como integrante de la red de lavado de dinero, en la que afirmó que como operador financiero detectó que sin justificación legal alguna, empresas particulares recibieron 350 millones de pesos provenientes de diversas dependencias públicas de Veracruz.
Al advertir de ello a Javier Duarte, éste lo resolvió desapareciendo los registros que el gobierno tenía de esas transferencias, mismas que fueron realizadas a Terra Urbanizaciones y Consorcio Brades, entidad relacionada con Nava Soria.
Los fiscales solicitaron la vinculación a proceso de Nava Soria por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, así como la imposición de la prisión preventiva oficiosa por el riesgo de fuga que representa.
La defensa del contador solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas a su favor, por lo que el próximo lunes 26 de febrero vence el plazo para que el juez reciba esos datos de prueba y determine si lo vincula o no a proceso.
