Personas cercanas a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, ofrecieron millones de pesos al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, encabezado por María del Socorro Castillo Sánchez, para que fuera puesto en libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló ayer que, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), intervino legalmente conversaciones telefónicas que comprobarían el millonario soborno (cohecho) a la jueza y su equipo, como parte de las indagatorias que inició por la actuación de la juzgadora en el caso.
Motivo por el cual, señaló, un juez le autorizó arraigar por 40 días a Casarrubias Salgado, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para continuar la investigación en su contra por delincuencia organizada, por lo que fue ingresado al Centro de Investigaciones Federales.
La fiscalía indicó que la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales ordenó la libertad de Casarrubias Salgado, negándole valor a 21 pruebas que presentó y que fueron admitidas desde 2014.
Afirmó que eran válidas en el sistema vigente en ese momento, razón por la cual apeló de inmediato el auto de libertad dictado al imputado, quien fue reaprehendido la tarde del miércoles pasado al salir del penal de máxima seguridad de El Altiplano, a fin de ser investigado por delitos de delincuencia organizada no relacionados con el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, la FGR anunció que solicitará una nueva orden de aprehensión contra El Mochomo, ligada a las nuevas investigaciones que lleva a cabo sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Indicó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó a la fiscalía que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una indagatoria interna por los presuntos hechos de corrupción en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, por lo que señaló que estará atenta a recibir cualquier denuncia al respecto.
Recordó que, el 24 de junio, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a José Ángel Casarrubias Salgado en el municipio mexiquense de Metepec, donde se refugió después de vivir oculto por varios años en distintas zonas serranas del país.
Fue presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, encabezado por la jueza Castillo Sánchez, quien lo liberó por falta de pruebas.
Según las investigaciones ministeriales, El Mochomo es señalado de ordenar el asesinato y desaparición de los normalistas, después de ser entregados por policías municipales de Iguala y Cocula al servicio de Guerreros Unidos.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que llevara a la captura de José Ángel Casarrubias, hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, exlíder de Guerreros Unidos y detenido en 2014.
Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, El M y/o El Gordo, otro de los hermanos de El Mochomo, fue detenido y posteriormente sentenciado por un juez federal a 10 años de prisión y 200 días de multa por posesión de cocaína, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Judicatura realiza investigación interna
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una denuncia interna contra la jueza y el personal del juzgado que ordenó liberar a José Ángel Casarrubias Salgado por posibles actos de corrupción y vicios jurídicos.
El CJF informó que con la denuncia se iniciará una investigación contra el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México.
Afirmó que la información que ha llegado al consejo amerita que se realice una revisión exhaustiva sobre el asunto.
El anuncio surgió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la liberación de El Mochomo hubo dinero y corrupción de por medio.
