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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ( Inai ) ordenó a la PGR asumir la competencia y pronunciarse sobre todos los documentos que obren en su poder relacionados con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, defensor de Derechos Humanos en Guerrero.
Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino “Unidad Popular” , que se declaró en franca oposición a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala de enero 2012 a octubre 2014, quien presuntamente asesinó al activista y quien habría ordenado la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa.
Una particular solicitó a la PGR todos los documentos relacionados con el asesinato de Arturo Hernández, añadió como referencia el número de expediente HID/SC/01/0758/2013 , asignado por el Ministerio Público de Guerrero para este caso.
En respuesta, la PGR se declaró notoriamente incompetente para conocer de la solicitud, toda vez que lo requerido no está ligado a las facultades que tiene la dependencia para investigar y perseguir delitos del ámbito federal.
La PGR indicó que la información solicitada podría estar relacionada con las atribuciones de la Fiscalía General de Guerrero , por lo tanto, sugirió presentar la solicitud ante la misma.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el Inai , en el que manifestó como agravio que la PGR no realizó una búsqueda exhaustiva para determinar la posesión de la información solicitada.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Joel Salas advirtió que el sujeto obligado se limitó, a través de la Unidad de Transparencia , a manifestar su incompetencia para contar con los documentos requeridos sin realizar una búsqueda exhaustiva de la información en diversas áreas facultadas para atraer expedientes , carpetas de investigación y/o averiguaciones previas , instauradas en las fiscalías locales.
Explicó que la PGR sí puede conocer de lo requerido, ya que diversas áreas adscritas a ésta cuentan con esa facultad de atracción de investigaciones por delitos del fuero común.
Por lo anterior, a propuesta del comisionado Salas Suárez , se consideró fundado el agravio de la particular, revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a que asuma competencia para conocer de lo solicitado y emita la respuesta conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia.
Salas recordó que diversas investigaciones periodísticas mencionan que a José Luis Abarca con los "desafortunados hechos" de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se le acusa de ordenar a la policía municipal de Iguala detener a los estudiantes y entregarlos al grupo criminal de Guerreros Unidos.
Salas Suárez indicó que de acuerdo con una entrevista concedida al periódico El País , Nicolás Mendoza Villa, entonces colaborador de Arturo Hernández relató que el secuestro, tortura y muerte del mismo fue perpetrado por agentes del Estado , los cuales actualmente son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya o Nochixtlán.
msl
