Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el caso Tlatlaya y ampliar la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 para conocer si, efectivamente, se trató de una ejecución en contra de 22 civiles.
El juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió un amparo a Clara Gómez González, una de las mujeres sobrevivientes de Tlatlaya y testigo clave en el caso por el que la PGR intentó demostrar que lo ocurrido en la bodega de San Pedro Limón fue un enfrentamiento y no una ejecución.
En su sentencia de amparo, la PGR no pudo acreditar que agotó todas y cada una de las líneas de investigación posibles para esclarecer los hechos por los que tres elementos del Ejército, Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández fueron implicados de haber matado a sangre fría a 8 de los 22 civiles y de alterar la escena del crimen.
La sentencia ordena a la PGR establecer si existe otra indagatoria que aún no ha sido consignada para que sea unificada a la que se tramita en la Mesa Dos de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de dicha dependencia.
Que el titular de la Mesa Dos de dicha Dirección General ordene las diligencias correspondientes para allegarse de mayores elementos de prueba y “realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados” para que, una vez realizadas, determine la averiguación previa y resuelva si ejercerá o no acción penal.
