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Las pruebas obtenidas bajo tortura y malos tratos son inválidas y deben ser excluidas por las autoridades, afirmó Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien exhortó al Estado mexicano a redoblar esfuerzos para profesionalizar sus capacidades de investigación criminal.
ONU-DH indicó que según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 46% de las personas que declararon ante el Ministerio Público tras ser detenidas dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos.
En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Jarab expresó: “Que a causa de la tortura una persona confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Resultan anacrónicas y reprobables las expresiones públicas que aceptan las confesiones extraídas mediante tortura y con base en ellas dan por hecho la culpabilidad de un delito a quienes la han sufrido”.
Por separado más de 50 organizaciones civiles reclamaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones violatorias de la ley para erradicar ese flagelo.
