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La Ley de Seguridad Interior carece de apoyo popular y ningún actor fuera de la esfera del gobierno se ha manifestado a favor, dijo el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT), mientras que Cristina Díaz Salazar (PRI) rechazó como mentira que el diálogo abierto días antes de la votación hubiera sido una simulación, debido a que al legislar el tema hubo foros este año en los que se expresaron distintas voces.
Por su parte, la presidenta de la comisión senatorial de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, convocó a una marcha que tiene el objeto de urgir al Jefe del Ejecutivo a vetar la Ley de Seguridad Interior.
El punto de partida es en la Estela de Luz, a las 12 horas y llegará a Los Pinos.
Subrayó que en caso de que la ley sea publicada, se pedirá a la Suprema Corte que la declare inconstitucional.
Salazar Fernández dijo que la nueva ley que votó el Senado el viernes y horas después tuvo su probación definitiva en la Cámara de Diputados “no ayudará a la pacificación del país”. Al contrario, “generará mayor incertidumbre”.
Díaz Salazar sustuvo que los preceptos de la ley observan los principios de legalidad y responsabilidad.
Por lo que toca a la observancia de los derechos humanos y a sus garantías, Díaz Salazar subrayó que esta ley operará bajo los principios de confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad.
El legislador de la bancada PT-Morena advirtió que la Ley de Seguridad Interior “es muy peligrosa, representa un riesgo para la estabilidad nacional y expone al Ejército a un desgaste innecesario”. Deploró que cause “graves problemas para la nación”.
