CDMX.- La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR), de no ejercer acción penal contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, no puede considerarse un acto de impunidad , indicó su defensor Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana.
El abogado explicó que el acuerdo de no ejercicio de la acción penal aún puede ser sometido a la revisión de un Juez de Distrito para que determine si fue o no ajustado a derecho.
La investigación que la PGR inició hace cuatro años, se enfocó en la supuesta participación de Duarte en la Unión de Crédito Progreso de la que se le acusó de haber adquirido con recursos públicos.
“El patrimonio de mi defendido fue analizado por parte de diversas instituciones y en consecuencia, al no encontrar elementos que permitan suponer la procedencia ilícita de los mismos, fue determinado el no ejercicio de la acción penal por parte de la Procuraduría General de la República”, indicó el abogado.
Mediante un comunicado, afirmó que esto no afecta en forma alguna el procedimiento de extradición que continúa en trámite por 11 órdenes de aprehensión que tiene en su contra y que fueron solicitadas por la Fiscalía General del estado de Chihuahua.
Agregó que las acusaciones y órdenes de aprehensión libradas en contra de Duarte Jáquez han sido obtenidas con datos de prueba “armados” por la Fiscalía de Chihuahua a través de testigos con identidad reservada, confesiones bajo amenazas, tortura y presión.
EL UNIVERSAL
informó que la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal contra Duarte por la denuncia del activista Jaime García Chávez, debido a que no encontró elementos suficientes del supuesto desvío de 65 millones de pesos para adquirir el 15% de las acciones de Banco Unión Progreso en Chihuahua.
La decisión de la PGR fue emitida el 5 de enero pasado única y exclusivamente por los delitos federales denunciados que fueron lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal.
Además de las órdenes de aprehensión del fuero local, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) obtuvo en junio de 2017 otra orden de captura por un supuesto desvío de 14 millones de pesos a la campaña del PRI en 2015, éste es el único delito federal que pesa en su contra.
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