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Las víctimas de homicidio doloso a nivel nacional disminuyeron apenas 1.9% en febrero, si se compara con enero de este año.
De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), publicadas ayer, el mes pasado se contabilizaron 2 mil 796 muertes violentas, contra las 2 mil 875 de enero.
Guanajuato se mantiene como el estado más violento del país, al sumar 340 muertes en febrero. En esa entidad, los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima se disputan el control de huachicoleo, secuestros y extorsión.
En coordinación con autoridades estatales, la Marina-Armada y la Policía Federal lanzaron hace unas semanas una ofensiva contra el líder del grupo criminal Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, El Marro.
Las fuerzas federales han detenido a varios de sus presuntos operadores y congelado al menos 17 cuentas bancarias relacionadas con la organización, que opera el robo de combustible de los ductos de Pemex en los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Villagrán y Los Apaseos.
A Guanajuato le siguen Jalisco, con 262 personas asesinadas en febrero; Estado de México, 235; Baja California, 195; Chihuahua, 173; Guerrero, 153; Michoacán, 148, y Puebla, 136.
Colima ocupa el primer lugar en víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, con 6.7; después están Guanajuato, 5.7; Baja California, 5.3; Morelos, 4.7; Chihuahua, 4.5.
Según el informe de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la tendencia de homicidios dolosos tenía un comportamiento inercial ascendente desde la anterior administración, mismo que, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha disminuido paulatinamente.
Se refiere que mientras en el periodo enero-noviembre de 2018, el promedio de asesinatos diarios era de 91.3, en el lapso de diciembre-marzo de 2019 es de 88.2.
“Tomará tiempo cambiar de fondo esta realidad, pero estamos sentando las bases”, señalan.
El gobierno federal asegura que el combate a las estructuras financieras de los grupos criminales es su prioridad y esto, afirma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha limitado la capacidad de operación de los cárteles, por lo que están en un proceso de debilitamiento y esperan que concluyan de manera exitosa.
La actual administración dejó atrás la estrategia de combate a objetivos prioritarios, toda vez que no significa un impacto en la disminución de la inseguridad, la violencia, los homicidios; al contrario, se asegura en el documento, continuaron subiendo en el gobierno anterior.
