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El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro , Mario Delgado presentó una iniciativa para agregar la extorsión en el catálogo de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y que regula el artículo 19 de la Constitución.
“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”, describe la modificación planteada.
En su exposición de motivos, Mario Delgado dijo que si bien la extorsión no genera un daño a la vida o integridad física de las personas, en función de la muy alta incidencia de ese delito en nuestro país y de los cuantiosos daños que genera al patrimonio y a la integridad de las y los mexicanos, “creemos que debe ser considerado como un delito de alto impacto social, por lo que se propone a esta honorable Cámara de Diputados dotar a la autoridad investigadora de un instrumento adicional para el combate y erradicación de la extorsión, por medio de la prisión preventiva oficiosa”.
“Esta medida contribuirá a limitar los casos de impunidad por la comisión del delito de extorsión. Por supuesto, reiteramos que no lo hará por sí misma, sino que debe formar parte de la renovación del esquema de persecución del delito e impartición de justicia en materia penal, que está en curso por la vía legislativa y también administrativa, tras la constitución de la Fiscalía General de la República ”, agrega Mario Delgado.
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