politica@eluniversal.com.mx
El especialista internacional en derechos humanos Jared Genser advierte que la política del uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen en México no ha logrado reducir la ola de violencia y, tras una década de esfuerzos, se han registrado más de 10 mil denuncias de violaciones de derechos humanos por militares.
De acuerdo con el experto —que llevó con Irwin Cloter el caso de Nelson Mandela—, estas agresiones se refieren a detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. “Estos abusos constituyen una de las afrentas más graves a los derechos humanos en México”, ataja.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Genser recuerda que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido abordar este tema en su administración y que en el aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968, prometió que los militares comenzarían a respetar los derechos humanos y nunca más serían utilizados para reprimir al pueblo.
“López Obrador primero debe responsabilizar a los militares por sus violaciones de derechos humanos.
“El Congreso implementó ciertas reformas durante la gestión del ex presidente Peña Nieto, para aumentar la rendición de cuentas, pero México no ha podido investigar ni enjuiciar a responsables”, argumenta.
Sostiene que en las últimas décadas los derechos humanos en México “se han deteriorado significativamente”. Recuerda que como respuesta ante la oleada de violencia, al tráfico de drogas y el crimen organizado, a mediados de 2000 México autorizó a sus militares intervenir.
“Esta política no ha logrado reducir la violencia del país. En cambio, los militares actuaron con la autorización del gobierno, y han sido en gran parte responsables del aumento de las violaciones de los derechos humanos en el país”, señala.
El especialista apunta que según un informe de la oficina de Washington para América Latina, de las 505 investigaciones por abusos de militares ante la Procuraduría entre 2012 y 2015, sólo 16 tuvieron condena.
“El gobierno mexicano también fue ampliamente criticado por las principales organizaciones de derechos humanos por adoptar una legislación en 2017 [Ley de Seguridad Interna] que otorga a los militares una mayor autoridad para intervenir en situaciones de aplicación de la ley doméstica.
“Desafortunadamente, esta ley no incluye mecanismos significativos para mejorar la responsabilidad militar o un plan para un eventual retiro de los militares de los asuntos internos. López Obrador debe trabajar para garantizar que se implementen las reformas legislativas destinadas a mejorar la responsabilidad militar”.
Genser considera que el Presidente de la República debe abordar otras violaciones de derechos humanos que han plagado a México en los últimos años, incluida la violencia contra periodistas y feminicidios.
“México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, así que el nuevo gobierno debe abordar la falta de seguridad en el país y su efecto perjudicial sobre el disfrute de los derechos humanos”, ataja.
Hace notar que las transiciones de poder ofrecen a un gobierno entrante la oportunidad de revisar el historial de derechos humanos de la gestión anterior. Un paso importante para cualquier nuevo gobierno, dice, es asegurar que el anterior sea responsable por las violaciones de derechos humanos que cometió.
“Esto debe implicar la investigación apropiada de las denuncias de abuso, enjuiciar a los perpetradores y ofrecer reparaciones a las víctimas. Se deben revisar las circunstancias que permitieron a un gobierno cometer violaciones de derechos humanos con impunidad y reformar su sistema legal para evitar la repetición”.
Agrega que la actual administración debe garantizar que su legislación interna se ajuste a los tratados que ha ratificado. Recuerda que en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dedujo una sentencia de un tribunal inferior que dictaba que los tratados internacionales estaban subordinados a la Constitución.
“El gobierno de López Obrador debería seguir el paso de revisar las leyes de México para asegurarse de que cumplen con las obligaciones en virtud del derecho internacional”.
Genser se refirió a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Dijo que este tema se ha convertido en un símbolo para los cientos de otros casos no resueltos de desapariciones en México y afirma que el gobierno mexicano anterior fue responsable de garantizar la seguridad de las víctimas.
“El gobierno mexicano no logró garantizar la seguridad de los estudiantes, pero ahora debe asegurar que la investigación de su desaparición se lleve a cabo adecuadamente y que los responsables sean condenados. Desafortunadamente, cuatro años después de su desaparición, han sido pocos los progresos en cualquiera de los dos aspectos: el gobierno mexicano no ha condenado a los responsables por la desaparición de los jóvenes”.
Jared Genser destacó la importancia de la reparación de daños a víctimas en derechos humanos: “Es la responsabilidad de un Estado hacer frente a los daños incurridos por sus ciudadanos, incluso si éstos ocurrieron bajo una administración federal diferente.
“Pero proporcionar justicia a todas las víctimas no se detiene allí, el Estado también debe proporcionar reparaciones a las víctimas de todo tipo, para compensarlos por los posibles daños incurridos.
Por último, el Estado debe tomar medidas para evitar que tales daños ocurran en el futuro”, manifestó.
