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Por segundo año consecutivo, México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 —entre 180 países— y obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero al 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción.
En el informe 2016 del organismo internacional, México había descendió 28 posiciones con respecto al registro de 2015, que ubicó a nuestro país en la posición número 95 entre los países evaluados en materia de corrupción.
Es decir, la calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción empeoró, pues los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a los de países como República Dominicana, Honduras, Kirguistán, Laos, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.
A nivel regional, México se encuentra entre las naciones con las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por abajo de Brasil, lugar 96 y con una calificación de 37 puntos; Argentina, lugar 85, con una calificación de 39 puntos, y Colombia, lugar 96 con 37 unidades.
México es además el país peor evaluado tanto en el G20, grupo de las economías más ricas y emergentes del mundo, así como de las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.
“Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad”, señala el documento.
Las organizaciones anticorrupción expresaron que este flagelo es un problema institucional.
Destacaron que países como Chile y Uruguay, lugares 26 y 23 respectivamente en el ranking, fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60 puntos, lo cual obedece a la presencia de fiscalías independientes, con capacidades reales de investigación y persecución de delitos.
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana recordaron que diversas organizaciones nacionales e internacionales han reclamado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.
Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.
Por ello, recomendaron incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, medidas para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y a las llamadas “empresas fantasma”.
Ente los pendientes, destacaron que es necesario crear una fiscalía general de la nación capaz, autónoma e independiente, para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política ni de intereses privados.
También se pronunciaron por avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto al financiamiento a los partidos políticos y sus proveedores.
Elecciones y anticorrupción. Los organismos advirtieron que este año electoral es crucial en varios países de América Latina y el Caribe, por lo que los candidatos y los partidos políticos tienen la oportunidad de incluir componentes anticorrupción en sus propuestas y plataformas proselitistas para promover un cambio estructural.
“Para mejorar los esfuerzos contra la corrupción en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben fomentar la voluntad política y demostrar un compromiso sostenido a largo plazo con las reformas anticorrupción”.
El informe señala que si bien se han logrado avances para combatir la corrupción en varios países de América Latina y el Caribe, todavía no existen políticas generales para abordar las causas históricas y estructurales de este problema en toda la región.
Destacaron los avances en investigaciones de casos de corrupción de alto impacto, como el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que ha generado sanciones para empresarios y figuras políticas de los niveles más altos en Brasil, Ecuador y Perú, debido a su participación en sobornos y financiamiento ilegal a cambio de contratos públicos.
También sobresale la indagatoria que lleva en Guatemala la oficina del abogado y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que está investigando a políticos y hombres de negocios en casos de corrupción, incluido el financiamiento ilegal del actual presidente Jimmy Morales.
