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A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador proyectó que para 2024, al final de su administración, habría una baja de 50% en los índices delictivos, en los anexos del Plan Nacional de Desarrollo solamente se considera una meta de reducción en la incidencia delictiva, por cada 100 mil habitantes, de 15.6%.
En el documento del Plan Nacional de Desarrollo, entregado el pasado martes a la Cámara de Diputados, en la primera parte, donde el titular del Ejecutivo escribe su “Epílogo: visión de 2024”, López Obrador detalla que los índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa-habitación, asalto en las calles y en el transporte público, así como otros, se reducirán en 50% en comparación con los de 2018.
Sin embargo, en el anexo 1.4, donde se establece que el objetivo es construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos, se especifica que en 2017 la tasa de incidencia delictiva fue de 39 mil 369 delitos y se proyecta una meta de reducción para 2024 a 33 mil 219, es decir, 6 mil 177 delitos menos, lo que equivale a 15.6%.
Lo anterior significa solamente una disminución de 15.6 en los delitos, lo que contrasta con el 50% que busca lograr el titular del Poder Ejecutivo federal.
En entrevista en Radiofórmula, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, aceptó que había dos cifras en el documento del Plan Nacional de Desarrollo y al ser cuestionado dijo que él se quedaría con la de 15% para bajar la incidencia delictiva.
“Yo me quedaría con la de 15% (…) La combinación de lo que está planteando el plan es que haya un Estado de derecho, que haya justicia, que vayamos al doble de crecimiento económico de lo que ha habido en los últimos años, tener un aparato de seguridad más eficaz con la Guardia Nacional, todo eso son factores que son positivos para la economía, lo que pasa es que estamos ante medidas que no son tradicionales”, dijo en la entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Inicio de la reducción. Mario Delgado Carrillo explicó que el objetivo es que inicie una reducción de los delitos, articular una estrategia de seguridad pública diferente, “a partir de los ejes que se están planteando en el Plan Nacional de Desarrollo. No podemos caer en establecer así simplemente metas numéricas”, dijo.
En este documento se determina que México es una nación enmarcada en una crisis de violencia e inseguridad que ha impactado gravemente la vida de la población y la economía del país.
Pone en contexto que los homicidios dolosos alcanzaron en 2018 más de 28 mil víctimas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que supone un aumento de 15% con respecto al año anterior. En 2017 la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100 mil habitantes, lo que representó un aumento considerable respecto a 2016, cuando se registró una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes.
“El homicidio es el crimen más representativo del precario estado de la seguridad pública en México. Muestra de ello es la tendencia en aumento desde 2016 a la fecha, de la incidencia delictiva de todos los delitos de fuero común y del fuero federal”, indicó Delgado Carrillo.
Sube prevalencia delictiva. De 2012 a 2017, de acuerdo con el Insitituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la prevalencia delictiva ha incrementado al pasar de 27 víctimas de algún delito por cada 100 personas a 30 por cada 100 en 2017. Lo anterior implicó un aumento, en términos absolutos, de 3.8 millones de víctimas de 2012 a 2017.
De 2012 a 2017, la tasa de víctimas mujeres pasó de 25.3 a 28.2 por cada 100 mujeres.
En 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos, asociados a 25.4 millones de víctimas, esto es, 1.3 delitos por víctima durante el último año registrado. Asimismo, se estima que 36% de los hogares del país tuvieron al menos una víctima de delito.
“Esto se refleja en la percepción de inseguridad por parte de la población. En 2018, de acuerdo con el Inegi, 79% de las personas mayores de 18 años calificaron como insegura su entidad federativa de residencia”, detalla el documento.
Además, en el Objetivo 2.9, que es para promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, no se establece qué impacto tendrían estas actividades en los municipios con incidencia delictiva I y II.
En el indicador 2.9.2 se mide el porcentaje de municipios atendidos con incidencia delictiva alta y muy alta anualmente con respecto del total de municipios con incidencia delictiva alta y muy alta que se atenderán en el periodo 2019-2024. Sin embargo, solamente se maneja una línea base en 2018 de 8.1% y se establece una meta de 92.9%.
