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Desde 2011 se han registrado al menos 500 riñas al año en reclusorios estatales y federales. Se trata de un problema que las autoridades no han podido atender por completo y que ha dejado decenas de muertos y heridos en el país.
Las peleas acontecidas hace dos semanas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, donde fueron asesinadas siete personas y otras cuatro quedaron heridas, dejó en evidencia la incapacidad de las autoridades para controlar los conflictos internos en las cárceles.
De igual forma, quedó expuesto el poder de las presuntas células criminales que operan en el interior de los centros penitenciarios, que incluso pudieron desarmar y someter a los guardias de seguridad.
Datos de los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional, procesados por la organización Documenta, advierten que, entre 2011 y 2018, ocurrieron 7 mil 359 riñas; a esta cifra también hay que sumarle los 44 conflictos que se registraron hasta marzo de 2019.
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La información oficial deja ver que las peleas entre internos y guardias de seguridad han tenido una tendencia a la baja aunque algunos casos siguen generando gran escándalo entre la población. Uno de los últimos episodios más violentos fue la agresión de más de 50 internos del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, contra los guardias de seguridad para poder fugarse.
Las entidades que han registrado un mayor número de riñas desde 2011 son Baja California, con 991; Sonora, con 764; Nayarit, con 687; Veracruz, con 514; Jalisco, con 438; Tamaulipas, con 408; Oaxaca, con 381; Puebla, con 371; Guanajuato, con 369, y Chihuahua, con 339.
En un monitoreo hecho por EL UNIVERSAL, se detectó que una de las medidas más recurrentes para prevenir estas situaciones es el traslado de reos a otras cárceles; sin embargo, esto no ha impedido que se sigan registrando los conflictos.
En cuanto a los homicidios, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social —dependencia que elabora los cuadernos mensuales— sólo dio a conocer un registro de 304 casos ocurridos en los últimos ocho años en las prisiones.
Este tema fue abordado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en días anteriores, cuando presentó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en el que afirmó que hay una deficiencia de 48% en las cárceles en cuanto a prevención de incidentes violentos; una de 72% en insuficiencia de personal, y una de 40% en presencia de actividades ilícitas.
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El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, hizo énfasis en las condiciones en las que se desarrollan los 17 centros penitenciarios federales del país, ya que 16 de ellos presentan insuficiencia de personal.
Y el organismo agregó que “si no se vigilan y atienden adecuadamente [las irregularidades], pueden ser focos de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad”, tal como sucede con las riñas.
Hacinamiento y autogobierno, el origen
Especialistas en sistemas penitenciarios coinciden en que el autogobierno, la sobrepoblación, el hacinamiento y la falta de personal de seguridad originan las riñas.
Criticaron que, a pesar de que se sabe de estos hechos de violencia, las autoridades no han implementado una reforma para mejorar las condiciones de vida.
“Las riñas están ligadas a la presencia de grupos delictivos en las prisiones. Hay algunos que tienen el control del penal y siempre habrá quien se los quiera quitar con enfrentamientos; asimismo, otros cometen extorsiones o agreden a reos, y eso genera enojo y peleas”, dijo Martín Gabriel Barrón Cruz, profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
El especialista advirtió que “este es un problema severo. Las cárceles se han convertido en una bomba de tiempo por las condiciones inhumanas.
“Dadas las condiciones y la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas, se generan muchos problemas. Esto ocurre en Ciudad Juárez con bandas como La Línea y Artistas Asesinos”.
Asimismo, indicó que el abuso policial es otro motivo por el que los reos pueden generar violencia, pues sus derechos son vulnerados por las mismas autoridades.
Por su parte, María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, señaló que en los últimos meses han observado una persistencia de “vicios y corrupción”, además de la ingobernabilidad.
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Aseguró que las riñas suceden principalmente en centros penitenciarios como el de Morelos, donde hace unas semanas se registró la muerte de siete reos: “Sí vemos un problema grave de gobernabilidad en las cárceles”, dijo.
Rechazó la medida que toman algunas autoridades para erradicar las riñas, la cual consiste en mover a los reclusos de una cárcel a otra: “Los traslados incluso se dan de cárceles estatales a federales, porque éstas están menos pobladas, pero definitivamente no es legal, y menos cuando estos traslados significan alejar al reo del lugar donde puede convivir con sus familiares”.
Recomendó que una posible solución es identificar los grupos que están inmiscuidos en las riñas y separarlos, puesto que puede ser un problema que no esté generalizado en toda una prisión.
Por último, Novoa planteó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas del sistema penitenciario y “abandonar el cero desarrollo”.
“Es necesario hacer políticas públicas en las cárceles; tener personal suficiente y capacitado como los custodios; mejorar las condiciones para reducir los niveles de violencia en los internos y la infraestructura, y, sobre todo, contar con programas de reinserción social desde adentro de la prisión. No hay que esperar que la persona cumpla su pena para atenderla”, señaló.
