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Ciudad de México.- El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés , pidió al Ejecutivo federal asumir sus funciones constitucionales en materia migratoria, a fin de hacerle frente a la crisis que se vive en la frontera norte ante la presencia de la caravana migrante de centroamericanos.
Además de salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas que habitan en las ciudades de Tijuana y Mexicali, así como en otras zonas fronterizas que están padeciendo el fenómeno migratorio .
“Que se imponga el Estado de Derecho y que empiece por cumplir con las responsabilidades constitucionales que le corresponden, para evitar conflictos sociales, vandalismo, afectación a la integridad física de las personas o, inclusive, lamentables perdidas de vidas humanas; garantizando la plena vigencia de los derechos de los habitantes que radican en las localidades y que han sido afectados por dicho fenómeno migratorio”, expresó.
En un comunicado, Cortés Mendoza indicó que el gobierno federal debe proveer de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de los centroamericanos, al tiempo que debe incrementar el número de agentes migratorios y proporcionar la debida manutención y salvaguarda a quienes integran la caravana.
El líder nacional del PAN, manifestó su apoyo al gobierno de Baja California y a los presidentes municipales de Tijuana y Mexicali, todos ellos de extracción panistas, y demandó al gobierno federal , saliente y entrante, tomar las medidas inmediatas y hacerse cargo de sus responsabilidades constitucionales y legales que corresponden en materia migratoria.
“El Ejecutivo Federal ha sido omiso en ejercer sus facultades constitucionales con la caravana de migrantes, que inició su recorrido en Honduras y se ha internado en el territorio nacional, asentándose en diversas partes del país, principalmente en ciudades como Tijuana y Mexicali, en el estado de Baja California”, abundó.
El panista calificó de “irresponsabilidad” el abandono del Ejecutivo federal y el “avasallamiento” del nuevo gobierno, ya que han puesto en riesgo la seguridad interior y han generado “inestabilidad” en Tijuana y Mexicali, afectando a la población que ahí radica.
“Se debe precisar que las autoridades municipales y el gobierno de Baja California, que tienen la responsabilidad primaria de velar por sus gobernados, han coadyuvado de forma subsidiaria en este fenómeno migratorio”, afirmó.
