Ciudad de México.- A pesar de que esta mañana fue detenido en Texas, una juez federal en la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva a Rafael Antonio Amezcua Olvera, el ex dueño de Ficrea, para evitar ser detenido por autoridades mexicanas.
En el expediente 210/2019, Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva a Amezcua contra la orden girada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, además que argumentó que carecía de competencia legal para conocer el caso.
“No corresponde a esta autoridad de amparo el conocimiento del acto atribuido a la citada autoridad, pues carece de competencia legal, por cuestión de grado. Por tanto, declina competencia en favor de un Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para conocer de los actos atribuidos a su homólogo”, señala el expediente en su versión pública.
Tras su detención este miércoles, la Fiscalía General de la República iniciará el proceso de extradición a nuestro país de Olvera Amezcua, pero con esta resolución de la juez no podrá ser detenido por las autoridades del país cuando pise territorio mexicano, sin embargo la FGR puede recurrir a un recurso de revisión para echar abajo esta decisión.
El 7 de noviembre de 2014 estalló la crisis de Ficrea, al ser intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al destaparse un fraude por un monto superior a 6 mil 500 millones de pesos realizado a través de triangulación de recursos mediante empresas de Rafael Olvera.
A la fecha se han presentado al menos 100 denuncias relacionadas al caso, sin que hasta el momento se haya determinado a algún responsable por la afectación de más de 6 mil ahorradores. En ese camino los afectados, en su mayoría adultos mayores, han desistido en el proceso para que les regresen su dinero.
Se calcula que apenas 5% de los defraudados, es decir alrededor de 300 clientes de Ficrea, siguen involucrados en procesos legales con la finalidad de recuperar un monto aproximado de 800 millones de pesos.
