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Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) ampliar la investigación sobre el caso Tlatlaya para conocer si durante los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, elementos del Ejército se enfrentaron contra civiles.
El juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, concedió la protección de la justicia a Clara Gómez González, madre de una de las mujeres que murió en Tlatlaya y quien insiste en negar que lo ocurrido en la bodega de San Pedro Limón fue un enfrentamiento. Ella acusa que se trató de una ejecución.
“La autoridad ministerial, en la integración ha omitido realizar una investigación efectiva y eficaz de los hechos acontecidos el 30 de junio de 2014 en la localidad de Tlatlaya, Estado de México, así como de la orden militar en la que se establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo relativo a la cadena de mando, y unificar la investigación”, argumentó la defensa de Clara en su demanda.
Gómez González exigió que la PGR investigue a fondo los hechos, debido a que durante la confrontación, su hija de entonces 14 años, resultó muerta.
En la sentencia de amparo, la PGR no pudo acreditar que agotó todas y cada una de las líneas de investigación posibles para esclarecer los hechos por los que elementos del Ejército fueron implicados en la muerte de ocho de los 22 civiles y por alterar la escena del crimen.
La resolución ordena a la PGR establecer si existe otra indagatoria que aún no ha sido consignada, para que sea unificada a la que se tramita en la Mesa Dos de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
La resolución se refiere a la averiguación previa iniciada por la denuncia de hechos presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cumplimiento a una recomendación en la que estableció que fueron cometidas diversas violaciones a los derechos humanos en agravio de víctimas directas e indirectas.
Los delitos por los que se inició la investigación fueron homicidio, contra la administración de justicia y lo que resulte. Además, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió otra pesquisa que, conforme a lo establecido por el juez, deberá acumularse para que el agente del Ministerio Público de la Federación pueda robustecer sus indagatorias con todas y cada una de las pruebas, explicó la abogada Gabriela Carreón Lee, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.
El juez ordenó que el titular de la Mesa Dos de esa dirección ordene las diligencias para allegarse mayores elementos de prueba y “realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados” para que resuelva si ejercerá o no acción penal.
