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A cuatro años de la masacre de Tlatlaya , el juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, le ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar varias diligencias , entre las que se incluye investigar “la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad” , informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El juez determinó que la PGR no ha hecho una investigación exhaustiva , adecuada y efectiva del caso Tlatlaya , esto en respuesta a un recurso que interpuso Clara Gómez González , víctima y sobreviviente de la masacre cometida el 30 de junio de 2014, y en la cual 22 personas perdieron la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
El Centro Prodh informó que la sentencia fue dictada el 25 de mayo de 2018 e indica que las autoridades deben realizar con celeridad diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.
Al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales reconoció que “la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B”.
Explicó que la reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron las pruebas provenientes tanto del expediente como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal.
Las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad , información que reveló el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos.
Resaltó que a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia por este caso , “a pesar de que la CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente ; que no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México”.
Para Clara Gómez y sus representantes, el hecho de que el Poder Judicial ordenara a la PGR que realice una investigación de forma adecuada tras cuatro años de que se cometieron los hechos “es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, que dota de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias”.
“La falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Para cerrar una etapa que ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México, es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero también procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a la grave crisis de derechos humanos en México”, afirmaron.
mpb
