Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, no puede ser detenido, luego de que un juez federal le concedió un amparo y le fijó una garantía por 6 mil 500 pesos.
Al ofrecer fotografías como pruebas, el ex mandatario estatal solicitó un amparo contra la orden de aprehensión, búsqueda, localización, presentación o citatorio que cualquier juez penal en Tamaulipas pudiera conceder en la carpeta de investigación número 09/2017, según señaló en la demanda.
El asunto fue admitido por el juez Decimosexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, quien concedió la suspensión provisional de la detención de Hernández Flores y fijó una garantía de 6 mil 500 pesos.
Esta es la primera vez que el ex gobernador identifica con número de carpeta una investigación iniciada en su contra.
En 2009, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició una averiguación previa en su contra por supuestamente estar vinculado con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
En esa indagatoria también estuvo involucrado su antecesor, Tomás Yarrington, contra quien en 2015 la SEIDO solicitó una orden de aprehensión y determinó el no ejercicio de la acción penal contra Hernández Flores al indicar que no existían pruebas suficientes.
Uno de los testigos clave de la investigación, Ángeles, quien se ostentó como enlace entre el gobierno de Tamaulipas y el Cártel del Golfo, declaró que en 2004 habló con sus jefes para que autorizaran la candidatura de Hernández Flores a la gubernatura, como sucesor de Yarrington Ruvalcaba.
Otro testigo identificado como El Pitufo, quien dijo ser jefe de escoltas del dirigente de plaza del Cártel del Golfo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, indicó que “la organización se dedicaba a cooptar autoridades mediante pagos millonarios para brindar protección a los integrantes del brazo armado del cártel Los Zetas”.
Dijo que también se dedicaban a brindar regalos a los candidatos durante las campañas, préstamos para las constructoras de los políticos, cobro de piso y tener relaciones con los tres niveles de gobierno.
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDC5/240/2012, Los Zetas ejercieron control en las gestiones de Yarrington Ruvalcaba y de Hernández Flores.
Como ejemplo está el caso del ex alcalde de Nuevo Laredo, Benjamín Galván, quien según las declaraciones de los testigos fue amedrentado por Miguel Ángel Treviño Morales El Z-40, desde que era candidato.
Señala que durante el gobierno de Hernández, el ex munícipe de Nuevo Laredo, Ramón Garza, dejó deudas por mil 800 millones de pesos, por lo que Galván Gómez pedía dinero para pagar a los proveedores y para liquidar el derecho de piso.
