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La lista es larga y las investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) no avanzan, no hay sentenciados. Son 11 los reporteros asesinados en el país en lo que va del año. En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en más de seis años —de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016— se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas.
Mientras más pasa el tiempo se olvidan de los primeros casos que datan del año 2000, asegura Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, quien asegura que instituciones como la FEADLE han quedado rebasadas y colapsadas.
El primer caso que comenzó a sacudir al gremio periodístico en México fue el de Luis Roberto Cruz Martínez, de la revista Multicosas, asesinado el 1 de febrero de 2000 en Reynosa, Tamaulipas. Hasta hoy, suman 130 casos de periodistas asesinados, el más reciente es el de Édgar Esqueda Castro, quien se desempeñaba como fotógrafo y camarógrafo del diario digital Vox Populi, en San Luis Potosí.
Para la PGR, que atiende los casos por medio de la fiscalía, son investigaciones que no se pueden hacer de manera pública, aunque Reporteros Sin Fronteras pidió a la dependencia hacer de manera pública el seguimiento y avance que tiene cada uno de ellos.
Lo que va del año ha sido catastrófico para el periodismo en México. Hay un incremento en los asesinatos a comunicadores y eso es un indicador de la gravedad de la situación, a eso hay que agregarle el tema de la inseguridad en la que se ejerce el periodismo, coinciden especialistas.
Balbina Flores Martínez afirma que los asesinatos de periodistas en México quedan en el olvido para las autoridades encargadas de llegar hasta el fondo y dar con los responsables.
A ello se agrega que el personal de la FEADLE no está bien preparado y no se cuenta con el presupuesto suficiente para dar continuidad a cada caso que ha quedado impune.
“No hay sentenciados por el homicidio de periodistas. No hay un protocolo establecido, con estándares internacionales, dentro de la fiscalía para llevar las investigaciones. Es decir, se carece de la metodología para tener resultados, a eso le agregamos la falta de recursos humanos y económicos. Hay un olvido sobre el asesinato a periodistas”, enfatiza.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la representante de Reporteros Sin Fronteras advierte que la FEADLE se ha ido desmantelando y hoy se cuenta con una unidad que depende de la PGR, sin fuerza y sin solidez, lo que deja a cada caso en la impunidad.
“Lo que se observa es que si tenemos instituciones débiles, entonces seguiremos enfrentando esta situación. Vemos cómo hay asesinatos cada mes y no pasa nada. Es frustrante, triste y grave. No hay un respeto hacia el ejercicio periodístico”, lamenta.
A ello agrega el hermetismo con el que las autoridades investigan en cada caso, sin que se sepa el estatus y los avances en las carpetas de investigación por el homicidio de periodistas. Eso lo define como “colapso en el sistema de justicia en el país”.
El mayor presupuesto que tuvo asignado la FEADLE, de 2010 a la fecha, fue en el año 2014, cuando recibió 39 millones, según la consulta de los documentos. En los siguientes años ha disminuido.
Estado no reconoce gravedad
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), urgió a los estados a contar con una política de atención y prevención.
Comenta que el Estado mexicano ha reconocido la gravedad de la situación, pero insiste en que cada entidad debe hacer lo que le corresponde, ya que la mayoría de los casos de homicidios se encuentran en el fuero común.
“Hubo una acción en la que participó el Presidente de la República con los gobernadores para alertar y poner condiciones de mayor seguridad al ejercicio de la libre expresión de los periodistas, porque ese ejercicio facilita el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos”, indica.
Para la CEAV, asegura Rochín, es un tema relevante y por eso, a partir de la nueva etapa de la comisión, se creó un área específica para atender los casos y se les brinda asesoría jurídica especializada y acompañamiento a periodistas y víctimas.
“Los hechos que todos conocemos, de este y otros años, nos alertan a tener un mayor cuidado de la atención a los periodistas, incluso cuando denuncian amenazas. Hemos visto que las amenazas han sido cumplidas”, advierte.
“Al día de hoy tenemos 51 casos de víctimas directas de periodistas registrados en el orden federal. Lo que me parece importante señalar es que es necesario y urgente que empiecen a funcionar realmente comisiones ejecutivas en las entidades, porque eso haría que la gran mayoría de las víctimas pudieran ser atendidas y acompañadas desde cada estado”, agrega.
El primer caso de periodistas asesinados en 2017 fue el de Cecilio Pineda Brito, de La Voz de Tierra Caliente, ocurrido el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero.
Ese mismo mes, pero el día 19, Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político y colaborador en El Sol de Córdoba. El 23 de marzo, la periodista de La Jornada Chihuahua Miroslava Breach Velducea fue asesinada al salir de su domicilio.
Maximino Rodríguez Palacios, del Colectivo Pericú, murió el 14 de abril en La Paz, Baja California Sur.
El asesinato de Javier Valdez Cárdenas, periodista de Ríodoce, sacudió al gremio periodístico el 15 de mayo cuando fue ejecutado en Sinaloa.
Ese mismo día, pero en Autlán, Jalisco, fue asesinado Jonathan Rodríguez Córdoba, del semanario El Costeño.
Salvador Adame Pardo, propietario del canal 6TV, fue desaparecido el 18 de mayo en Múgica, Michoacán. Su cuerpo fue encontrado el 26 de junio. Autoridades identifican a Felciano Ledezma, El Chano Peña, ex líder de autodefensas en Nueva Italia, como el presunto responsable.
El 9 de julio fue asesinado en Acayucan, Veracruz, Edwin Rivera Paz, freelance originario de Honduras; Luciano Rivera Salgado, director de la revista Dictamen y reportero de CNR TV, también se convirtió en víctima el 1 de agosto en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California.
Cándido Ríos Vázquez, colaborador del Diario de Acayucan, muerto el 22 de agosto en Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Apenas el 6 de octubre, en San Luis Potosí, Édgar Daniel Esqueda Castro, de Metrópoli San Luis, Infórmate San Luis y Vox Populi, también fue asesinado.
